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La Constitución de los
Estados Unidos de América
Por: JAIRO CELY NIÑO, profesor
de la Facultad de Ingeniería de la UFPS.
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Firmada la Constitución por los delegados de doce de los trece estados, James Madison, uno de los delegados de Virginia, declaró:
Al construir un sistema con el deseo de que perdure a través de los siglos, no debemos perder de vista las transformaciones que éstos traerán consigo.
Era el 17 de septiembre «del Año de Gracia» de 1787 y con sólo siete artículos había quedado la constitución aprobada.
Once años antes, el 11 de junio de 1776, el Segundo Congreso Continental reunido en Filadelfia había designado a John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert Livingston para que redactaran una Declaración de Independencia y dicha Declaración, que fue principalmente obra de Thomas Jefferson, la adoptó el Congreso Continental el 4 de julio de 1776.
Aunque desde 1775 estaban en guerra contra Inglaterra, motivada por los tributos desorbitados decretados por la Corona, jurídicamente su vida republicana comenzó el 4 de julio de 1776 con la proclamación de su independencia.
Las trece colonias se habían organizado como «nación» bajo la forma de una confederación, que se regía por un especie de constitución de 13 artículos (aprobados el 15 de noviembre de 1777 y ratificados el 1° de marzo de 1781) denominada: Artículos de la Confederación. Pero la nueva nación era apenas una asamblea representativa de 13 estados, pues carecía de una rama ejecutiva central y de un sistema de tribunales nacionales, de capacidad para regular el comercio interestatal y para cobrar impuestos a los estados o a los ciudadanos de éstos.
Concluida la Guerra de Independencia en 1783, la nación entró en un período de inestabilidad política y comercial. Cada estado se conducía casi como un país independiente —al fin y al cabo era una confederación y no una federación—; cada uno manejaba sus asuntos como mejor le parecía, con escasa o nula consideración por las necesidades de la nación; cada uno emitía moneda, de valor escaso porque no se admitía en otro estado; los estados vecinos se aplicaban recíprocamente impuestos sobre sus bienes; Gran Bretaña se negaba a abrir los canales comerciales de los cuales habían dependido las colonias para su bienestar económico; las legislaturas de los estados se negaban a reconocer el pago de sus «cuotas partes» de la cuantiosa deuda pública contraída por el Congreso Continental para financiar la Guerra de Independencia, y varias de ellas aprobaron leyes que permitían a los deudores eludir el pago de sus obligaciones particulares.
Hubo quienes consideraron retomar las armas, esta vez para resolver problemas, y en 1786 cientos de granjeros del noroeste de Massachusetts se rebelaron contra el gobierno estatal asentado en Boston, comandados por un capitán Daniel Shays. La rebelión tuvo que ser sofocada por los soldados de Massachusetts.
George Washington, quien había sido el comandante en jefe de las tropas libertadoras, se preguntó si había sido en vano emanciparse de Gran Bretaña, y concluyó que ya era hora de ponerle freno a los conflictos, de imponer la paz y de reestablecer el orden, conformando un gobierno nacional que fuera lo suficientemente fuerte para ganarse la obediencia nacional y el reconocimiento en el extranjero.
Representantes de cinco estados, reunidos en 1786 en Annapolis (Maryland), propusieron que los estados nombraran comisionados para reunirse en Filadelfia con el fin de revisar los Artículos de la Confederación. El congreso, acogiendo aquello, sugirió que cada estado eligiera delegados para una convención constitucional.
LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
La convención comenzó sesiones el 25 de mayo de 1787 y no el 14, como previsto estaba, en razón de que ese día pocos de los 55 delegados que se esperaban habían arribado a Filadelfia. Se instaló formalmente en el Independence Hall con ausencia de Rodhe Island, estado este que se negó a enviar delegados porque no deseaba un gobierno nacional entrometiéndose en sus asuntos.
Aquel 25 de mayo de 1787 la convención constitucional abrió con un quórum de siete estados, y en últimas contó con sólo 42 delegados de los 55 que se estimaron. Aunque el propósito era el de revisar los Artículos de la Confederación, los delegados optaron por redactar una nueva constitución, creando un sistema de gobierno federal que entró en vigor en 1789.
George Washington presidió la convención constitucional y William Jackson, el secretario, atestiguó las firmas de 39 de los 42 delegados, pues Elbridge Gerry, George Mason y Edmund Randolph, tres destacados miembros de la convención, no firmaron la constitución por sus desacuerdos con algunas partes. Uno de los delegados, John Dickinson, de Delaware, abandonó la convención, pero le pidió a otro delegado, George Read, del mismo estado, que firmara en nombre suyo. Algunos de los elegidos, como Patrick Henry, no asistieron porque se oponían a un gobierno central con poderes exagerados.
James Madison, de Virginia, recibió el título de Padre de la Constitución por sus discursos, negociaciones y tentativas de «avenimiento» (acuerdo o conciliación), y además llevó un registro de los debates y decisiones de los delegados. A Gouverneur Morris, de Pennsylvania, uno de los más influyentes participantes, se le encomendó pulir el texto de todas las resoluciones y decisiones de la convención, y se puede decir que fue quien «escribió» la constitución.
El ejemplar original de la constitución y el ejemplar original del acta de Independencia se exhiben en el edificio del Archivo Nacional en Washington, D. C., en sendas cajas de cristal selladas herméticamente y llenas de helio para preservarlas del deterioro.
LOS AVENIMIENTOS
Para la redacción, los constituyentes o delegados tuvieron en cuenta diferentes acontecimientos de su devenir histórico.
Por ejemplo, al documento constitucional inglés conocido como la Carta Magna, promulgado en 1215 por Juan Sin Tierra.
Por ejemplo, a la celebración de la asamblea general representativa de Jamestown (Virginia), de 1619, en la cual veintidós representantes o «ciudadanos libres» se reunieron con el gobernador —como quien dice: el virrey de la Gran Bretaña— y su consejo con el fin de constituir la primera legislatura colonial del Nuevo Mundo.
O por ejemplo, a las constituciones que varios estados se habían dado durante la Guerra de Independencia. Como la de 1777 del estado de New York, en cuya elaboración contribuyó John Jay. O como la de 1780 del estado de Massachusetts, en cuya redacción participó John Adams.
Casi todos los constituyentes o delegados se habían desempeñado como soldados o administradores del gobierno durante la Guerra de Independencia y, aunque con frecuencia discrepaban respecto de los detalles, coincidían en el deseo de crear un gobierno fuerte que garantizara la libertad bajo el imperio de la ley, pero que al mismo tiempo no avasallara las libertades de los estados y sus pobladores.
Pero entre los delegados también hubo discrepancias de fondo, y fuertes, que pudieron acabar con la convención.
Por ejemplo, los de los estados grandes disentían de sus colegas de los pequeños en relación con la representación ante el congreso federal. Los más poblados estaban a favor de lo que se conoció como el Plan de Virginia, por el cual la magnitud de la población determinaría cuántos representantes se tendrían en la legislatura nacional. Los que menos población tenían estaban con el que se denominó el Plan de New Jersey, según el cual todos los estados tendrían el mismo número de representantes. Los delegados de Connecticut recomendaron un avenimiento por el cual todos los estados tuvieran el mismo número de representantes en lo que se llamaría el «Senado», y una representación proporcional a la población en lo que se llamaría la «Cámara de Representantes». Tal propuesta de una legislatura bicameral, que concilió los planes de Virginia y de New Jersey, se conoció como el Convenio de Connecticut o el Gran Avenimiento.
Por ejemplo, hubo también conflicto en relación con la esclavitud. Los delegados de los estados del Norte querían que el congreso tuviera facultades para proscribir el tráfico de esclavos desde el extranjero, y la mayoría de los delegados de los del Sur no deseaban que las tuviera. Se llegó a un avenimiento según el cual el congreso tendría facultades para regular el comercio de esclavos del extranjero, sólo a partir de 1808.
O por ejemplo, hubo discrepancias en relación con la contabilidad de esclavos para efectos de calcular, con base en la población, el número de representantes ante la cámara que un estado podía tener. Como los esclavos no tenían status de ciudadanos, un avenimiento le permitió a la convención considerar sólo las tres quintas partes de ellos para tales cálculos.
LA RATIFICACIÓN
Los delegados, a quienes se les suelen denominar los Padres Fundadores, acordaron que cada uno de los trece estados celebraría una convención especial para analizar la constitución y definir su posición con respecto a ella, y en el artículo VII establecieron que cuando nueve de los trece estados la ratificaran entraría a regir en ellos, y comenzaría la organización del nuevo sistema de gobierno.
Tres estados la ratificaron en lo que quedó de aquel 1787: el 7, 12 y 18 de diciembre la ratificaron Delaware, Pennsylvania y New Jersey, respectivamente.
Ocho estados la ratificaron durante 1788: el 2 y 9 de enero, Georgia y Connecticut, respectivamente; Massachusetts, el 6 de febrero; Maryland, el 28 de abril; Carolina del Sur, el 23 de mayo; el 21 y 25 de junio, New Hampshire (el noveno estado) y Virginia, respectivamente; y New York, el 26 de julio.
En 1789 sólo la ratificó un estado: Carolina del Norte, el 21 de noviembre.
Y el 29 de mayo de 1790 la ratificó el último estado: Rodhe Island. El que no envió delegados a la convención constitucional porque no quería un gobierno nacional metiendo la nariz en sus asuntos estatales.
Luego la constitución comenzó a regir el 21 de junio de 1788 en los nueve estados que a esa fecha la habían ratificado, y con ello comenzó a desarrollarse un nuevo orden.
? A principios de enero de 1789 diez de los once estados que a esa fecha la habían ratificado acreditaron electores presidenciales (New York no los acreditó). En algunos estados a los electores los seleccionó su legislatura, y en otros los seleccionó el voto directo de sus pobladores.
El 4 de febrero de 1789 los electores presidenciales eligieron a George Washington como el primer presidente de la nación, y a John Adams como el primer vicepresidente.
? El 4 de marzo de 1789 el primer Congreso sometido a la nueva constitución se reunió en el Ayuntamiento Federal de la ciudad de Nueva York. Poco después se mudó de allí a Filadelfia, y en 1800 se mudó definitivamente a la recién construida capital de los Estados Unidos: Washington, D. C.
El 30 de abril de 1789 George Washington fue investido como el primer presidente de los Estados Unidos en el balcón del Ayuntamiento Federal de la ciudad de Nueva York.
El 25 de septiembre de 1789 el Congreso estableció una corte suprema, trece cortes de distrito, tres cortes de circuito ad hoc, y el cargo de secretario de Justicia.
� El 2 de febrero de 1790 se instaló la Corte Suprema de la Nación.
Pero el proceso de ratificación había sido accidentado.
Al ser ratificada por el noveno estado (New Hampshire) el 21 de junio de 1788, los Padres Fundadores supusieron que, pese a su formal vigencia, la nueva constitución no sería aceptada completamente mientras no la ratificaran Virginia y New York, los dos estados más importantes de aquellos tiempos. Afortunadamente Virginia, el décimo estado en ratificarla, lo hizo cuatro días después de que entró en vigor, y New York, el siguiente en ratificarla, lo hizo un mes y un día después de que la ratificó Virginia.
Todo porque en los dos estados surgió una poderosa y bien organizada oposición contra la constitución, que irradió a algunos otros. Elbridge Gerry, Patrick Henry, Richard Lee y George Mason promovían la no ratificación de la constitución.
El principal argumento de la oposición, y de mucho peso, era que el documento no contenía una declaración de derechos. Pero argüían también que el presidente gozaba de excesiva independencia, que el gobierno disponía de demasiada autoridad, que el senado era demasiado aristocrático, y que el congreso gozaba de facultades exageradas.
La opinión publica se dividió entre federalistas, como se les llamó a los defensores, y en antifederalistas, como se les llamó a los opositores. Los primeros organizaron concentraciones apoyando la ratificación de la constitución, y ambos sectores promovieron sus causas en periódicos y en folletos, y en los debates de las convenciones de ratificación. De aquellos grupos surgirían los primeros partidos políticos de Norteamérica.
Carolina del Norte y Rodhe Island, los últimos en ratificarla, se decidieron a hacerlo sólo cuando el congreso consintió en que a la constitución se le agregaría la declaración de derechos que los opositores solicitaban. Se vislumbraba, en principio así, la primera Enmienda.
Pero «en principio», porque incorporarle la declaración de derechos daría lugar a las diez primeras, que James Madison intentó con quince.
ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN
La constitución está compuesta de un preámbulo, siete artículos y veintisiete enmiendas.
Una enmienda modifica, o suprime o añade texto al original de la constitución. Una vez se ratifica debidamente, se vuelve parte de la constitución con la denominación: artículo de enmienda a la constitución de los Estados Unidos.
Puede decirse, con base en ello, que la Unión actual de 50 países en uno solo está regida por una constitución de 33 artículos: siete de la constitución original y 26 artículos de enmienda, pues la XXI enmienda, propuesta el 20 de febrero de 1933 y ratificada el 5 de diciembre del mismo año, derogó a la XVIII enmienda (la que impuso la «ley seca» o Prohibición), propuesta el 18 de diciembre de 1917 y ratificada el 16 de enero de 1919.
Pero ocurrió que, inconsciente o deliberadamente, los Padres Fundadores dificultaron el proceso de adopción de enmiendas, pues en el artículo V establecieron que las enmiendas pueden ser propuestas [aprobadas] por el voto de las dos terceras partes de cada cámara del congreso (del federal, se sobreentiende, pues cada estado tiene su propia legislatura bicameral; excepto el de Nebraska), o por una convención nacional convocada por el congreso a petición de las legislaturas de dos tercios de los estados. Y para que una enmienda se convierta en parte de la constitución debe ser ratificada por las legislaturas de las tres cuartas partes de los estados, o por las tres cuartas partes de las convenciones estatales convocadas para ese fin.
Desde 1788 hasta la fecha el congreso ha considerado más de siete mil enmiendas, de las cuales sólo aprobó 34. De éstas, sólo 27 han sido ratificadas: 26 de ellas por las legislaturas de los estados, y una (la XXI, que lo dispuso así) por convenciones estatales. Aunque la constitución no estableció un límite de tiempo para que los estados ratifiquen cualquier enmienda, en el siglo XX algunas de las enmiendas establecieron un plazo de siete años para que los estados las ratifiquen [o las rechacen].
En el siglo XVIII fueron ratificadas las primeras once. En el siglo XIX lo fueron las siguientes cuatro, y obviamente las restantes doce fueron ratificadas en el presente siglo. Como actualmente a la Unión la conforman 50 estados, una enmienda requiere la ratificación de 38 de ellos.
La constitución original de los Estados Unidos está dividida en artículos; los artículos, como los primeros cuatro, en secciones; y las secciones están subdividas en cláusulas, que son párrafos o incisos. Once de las veintisiete enmiendas están divididas en secciones, coincidencialmente de una cláusula. (La nuestra está dividida en títulos; los títulos, en capítulos; y los capítulos, en artículos.)
FACULTADES CONSTITUCIONALES
La constitución de los Estados Unidos estableció un sistema de gobierno federal que dividió los poderes entre el gobierno nacional y los gobiernos de los estados, y repartió la autoridad nacional en tres ramas independientes: la ejecutiva, representada por el presidente; la legislativa, por el congreso; y la judicial, por la corte suprema.
De la constitución estadounidense se derivan cuatro tipos de facultades: las expresas o delegadas, las implícitas, las reservadas y las concurrentes.
Las facultades expresas o delegadas son las que la constitución establece explícitamente.
Las facultades implícitas son las que «razonablemente» se desprenden de la constitución. Las que permiten que el gobierno responda a las cambiantes necesidades de la nación. Así, por ejemplo, la constitución no le delegó al congreso explícitamente la facultad de imprimir el papel moneda, pero tal facultad está implícita en el poder que le delegó para contratar empréstitos y acuñar moneda.
Las facultades reservadas son las que la constitución no confiere expresamente al gobierno nacional, ni prohibe expresamente a los estados. De conformidad con la X enmienda —última del «paquete» de diez enmiendas genéricamente denominadas la Declaración de Derechos, ratificadas el 15 de diciembre de 1791—, las facultades no delegadas expresamente al gobierno federal quedan reservadas a los estados, y las no prohibidas expresamente a los estados las retiene el pueblo. Entre los poderes que retiene el pueblo están, por ejemplo, el derecho a ser juzgado por un tribunal, y el derecho a la propiedad. Entre los poderes reservados a cada estado está, por ejemplo, el derecho a legislar sobre el matrimonio, el divorcio y la educación.
Las facultades concurrentes son las que permiten al gobierno nacional y al gobierno de los estados intervenir en un mismo asunto. Como, por ejemplo, para hacer frente a disturbios y a otras formas de violencia interna. En caso de un conflicto de competencias, el gobierno nacional tiene la autoridad suprema; como en lo que se conoció como la «huelga Pullman», en 1894, cuando el gobierno federal envió soldados a Illinois, pese a que el gobernador del estado había anunciado que no deseaba la intervención.
El Derecho es consuetudinario. Ante situaciones inusuales o excepcionales, las decisiones judiciales se profieren con base en el leal saber y entender del juez —y existen cortes de apelaciones—, con lo cual se crea el antecedente. Las costumbres han impartido flexibilidad a la constitución, a las leyes nacionales y a las leyes de los estados.
Por ejemplo: el artículo III de la constitución establece la rama judicial y le confiere a la corte suprema la autoridad definitiva para interpretar el significado de la constitución cualquiera que sea el caso, pero de la facultad de Revisión Judicial no la invistió explícitamente. No obstante, en 1803 su cuarto presidente, John Marshall, instauró el principio de revisión judicial en virtud de la resuelta determinación que asumió en el caso Marbury versus Madison.
Desde aquel entonces la Corte Suprema de la Nación, en ejercicio de tal poder, ha declarado «anticonstitucional» casi un centenar de leyes federales, y centenares de leyes de los estados.
Al estadista británico William Gladstone se le atribuye haber descrito a la constitución de los Estados Unidos como:
La obra más maravillosa producida en época alguna por el cerebro y la determinación del hombre.
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Este artículo lo publicó la revista Huella Humanista en las páginas 35-39 de su edición N° 4 (UFPS, Facultad de Educación, Artes y Humanidades, agosto de 1999).
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2ª parte: El preámbulo y los siete artículos
EL PREÁMBULO
Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos, con miras a formar una Unión más perfecta, instaurar la Justicia, asegurar la Tranquilidad interna, proveer para la Defensa común, promover el Bienestar general y garantizar las Bendiciones de la Libertad para nosotros mismos y para nuestros descendientes, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América.
EL ARTÍCULO I
La sección 1 establece el poder legislativo, conferido a un congreso compuesto de un senado y una cámara de representantes.
La sección 2 conformó la cámara de representantes con no más de un representante por cada 30.000 habitantes del respectivo estado, elegido(s) por sus votantes para un período de dos años, y dispuso que cada estado tendría por lo menos uno. Ordenó un recuento [o censo] poblacional en el término de 3 años contados a partir de la primera asamblea del congreso de los Estados Unidos, que a partir de allí cada 10 años se repetirá el recuento, y determinó el número de representantes que tendría cada uno de los 13 estados hasta que se hiciera el primer recuento.
(Para ésto, la constitución inició la cámara con un potencial —véase la primera cláusula del artículo VII— de 65 representantes: 10 por Virginia; 8 por Pennsylvania y 8 por Massachusetts; 6 por Maryland y 6 por New York; 5 por Connecticut, 5 por Carolina del Norte y 5 por Carolina del Sur; 4 por New Jersey; 3 por New Hampshire y 3 por Georgia; y 1 por Rodhe Island y 1 por Delaware.)
En razón del aumento poblacional, que aumentaba el número de miembros de la cámara de representantes, en 1929 el congreso limitó a 435 el número total de representantes, por lo cual actualmente un estado cuenta con un representante por cada 520.000 habitantes, aproximadamente.
El representante debe tener edad mínima de 25 años, ser ciudadano de los Estados Unidos desde por lo menos 7 años antes de la elección, y residir en ese momento en el estado. Si se produce vacante en la representación de cualquier estado, la autoridad ejecutiva expedirá Decretos de Elección; esto es, que el gobernador convocará a una elección especial para suplirla por el tiempo que hiciere falta. [Pero, si falta poco para la próxima elección normal, el gobernador suele dejar la curul vacante.]
La cámara elige su presidente de entre sus miembros, y sólo ella está investida de facultades para presentar cargos de impugnación contra los funcionarios. Si prosperan los cargos de impugnación, sólo el senado está investido de facultades para juzgar a los funcionarios. (Remember: la señorita Lewinsky versus el presidente Clinton, en el «escándalo» sexgate.)
La sección 3 conformó el senado con dos senadores por cada estado, elegidos para un período de seis años, de suerte que cada dos años se elija la tercera parte del número total de los senadores.
Dispuso que a los dos senadores los elegiría la legislatura de cada estado, pero la XVII enmienda, ratificada el 8 de abril de 1913, dispuso que los elijan los votantes de cada estado y que, si alguna vacante se presentara, el gobernador del respectivo estado convocará a elecciones para suplirla, pero la legislatura puede facultarlo para designar reemplazo mientras el pueblo llena la vacante por elección.
El vicepresidente de los Estados Unidos preside el senado, sin derecho a voto, a menos que en una votación resultare «empate». Pero el senado debe elegir un presidente pro tempore [interino] para que lo presida en ausencia del vicepresidente. [Y la ausencia puede ser ocasional; o indeterminada, cuando como presidente interino reemplaza temporalmente en el cargo al presidente de los Estados Unidos.]
Cuando un caso de impugnación haga tránsito de la cámara al senado, éste estará bajo juramento o declaración solemne [como los jurados en un proceso judicial corriente]. Si es al presidente de los Estados Unidos a quien se juzga, la autoridad suprema del proceso judicial recae en el presidente de la corte suprema [para obviar conflicto de intereses, se sobreentiende, pues la condena del presidente convierte al vicepresidente en presidente]. En todo caso, ninguna persona podrá ser declarada convicta [culpable] si no se cuenta con el voto de las dos terceras partes de los senadores, y la pena no podrá ir más allá de la destitución del cargo y la descalificación para desempeñar cargos bajo la autoridad de los Estados Unidos, pero la persona quedará expuesta a demanda, proceso, juicio y castigo que se deriven de la ley.
El senador debe tener edad mínima de 30 años, ser ciudadano de los Estados Unidos desde por lo menos 9 años antes de la elección, y residir o fijar su residencia en el estado.
(La actual «primera dama» de los Estados Unidos, Hillary Clinton, residió en el estado de Arkansas, donde su esposo, el actual presidente Clinton, fue gobernador por dos períodos consecutivos. Por razones obvias reside en la ciudad de Washington —capital del Distrito de Columbia, que es un territorio federal ubicado entre los estados de Maryland y Virginia—, y piensa postularse para el senado por el estado de New York, para lo cual por lo menos deberá arrendar una casa en algún lugar de ese estado.)
La sección 4 determinó que la fecha, lugar y forma de elección de representantes y senadores serán prescritas por la legislatura de cada estado, pero el congreso mediante ley puede modificar las reglas. Además dispuso que el congreso se reunirá por lo menos una vez al año, comenzando el primer lunes de diciembre, pero la XX enmienda, ratificada el 23 de enero de 1933, fijó la apertura de las sesiones en el mediodía del 3 de enero, pero el congreso puede modificar la fecha mediante ley. [Actualmente el congreso sesiona casi durante todo el año.]
La sección 5 dispuso que cada cámara determinará si sus miembros están legalmente calificados, si fueron elegidos en la debida forma, y que con los votos de las dos terceras partes de sus miembros podrá expulsar a cualquiera de ellos por conducta improcedente. (Remember: el senador Joseph McCarthy, expulsado en 1954, en cuyo dudoso honor se acuñó el término «macartismo».) Dispuso que cada cámara debe llevar, y publicar a intervalos, un Diario [«Gaceta», es nuestro tecnicismo] de sus diligencias, y que durante las sesiones del congreso ninguna cámara entrará en receso por más de tres días sin el consentimiento de la otra cámara.
La sección 6 estableció el derecho de representantes y senadores a recibir retribución por sus servicios, proveniente del erario de los Estados Unidos. Consagró el privilegio de inmunidad, pero solamente por la expresión verbal durante el curso de las sesiones [luego cualquier congresista puede ser arrestado —sin ningún impedimento para la autoridad— si viola alguna ley, pues, como cualquier ciudadano, el congresista también debe responder por sus propios actos]. Y dispuso que ningún congresista podrá ser designado para un cargo oficial creado durante el período para el cual fue elegido, o cuya remuneración haya sido aumentada durante tal período.
La sección 7 dispuso que todo proyecto legislativo que haya sido aprobado [por mayoría simple] en ambas cámaras se convierte en ley, si lo firma el presidente de los Estados Unidos [si «lo sanciona», es nuestro tecnicismo]. Pero el presidente puede vetar el proyecto legislativo, devolviéndolo en un plazo de 10 días [se excluyen los domingos en estos plazos] con sus objeciones. En tal caso, primero lo reconsidera con las objeciones la cámara en la cual comenzó su trámite y, si es aprobado por las dos terceras partes de dicha cámara [acogiendo o desestimando las objeciones del presidente], se envía a la otra con las objeciones del presidente. Si [el texto que le remite aquella cámara] lo aprueban las dos terceras partes de la otra cámara, se convierte en ley sin necesidad de que lo firme el presidente, como se convierte en ley el proyecto legislativo que no firme pero tampoco objete el presidente en los 10 días posteriores a la fecha de su recibo en la Casa Blanca. Pero si un proyecto legislativo es enviado faltando menos de 10 días para clausurar sesiones y el presidente no lo firma en ese lapso, queda cancelado en la fecha de la clausura [«se archiva», es nuestro tecnicismo]. Esto último se conoce como veto indirecto y lo hace el presidente cuando un proyecto legislativo no es de su aquiescencia, pero no desea vetarlo abiertamente.
La sección 8 confirió al congreso dieciocho poderes o facultades. La sección 9 le estableció a aquél ocho prohibiciones. Y la sección 10 —última del artículo— le determinó tres prohibiciones a los estados.
Entre las prohibiciones impuestas tanto a los estados como al congreso están el reconocer y otorgar títulos nobiliarios, y el aprobar propuestas de proscripción o de ley ex post facto. El «pedimento de proscripción» es una ley que castigaría a una persona sin instruirle juicio [¿a la usanza del tenebroso «Estatuto de Seguridad» decretado aquí por el presidente Julio César Turbay Ayala?], y la ley «ex post facto» [después del acto] es la que prescribiría castigo para un acto que no era ilegal en la fecha de su comisión [y su prohibición se corresponde con el principio de irretroactividad de las disposiciones desfavorables].
La primera de las 8 prohibiciones impuestas al congreso fue la de legislar sobre la esclavitud antes de 1808. Ese año el congreso proscribió la importación de esclavos —traídos de África—, pero no proscribió la esclavitud. [¿«Se defendían» con los que tenían?] El 1° de enero de enero de 1863, esto es, a mitad de la guerra civil o Guerra de Secesión (1861-1865), mediante la Proclamación de Emancipación el presidente Abraham Lincoln declaró la libertad para los esclavos de los territorios de los «Estados Confederados» que fueran ocupados por los ejércitos del Norte y para los esclavos de aquellos estados que huyeran del Sur y se refugiaran en el Norte. Dos [casi tres] años después, el 6 de diciembre de 1865, la XIII enmienda consumó la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos.
[En Colombia, la abolición de la esclavitud la sancionó el presidente José Hilario López el 21 de mayo de 1851.]
Contrasta el «viacrucis» de la abolición de la esclavitud con la Prohibición de producir, transportar y vender licor, que no la implantó un decreto ni una ley, sino una enmienda directamente: la XVIII, ratificada el 16 de enero de 1919, a su vez derogada por la XXI enmienda, ratificada el 5 de diciembre de 1933.
EL ARTÍCULO II
La primera cláusula de la sección 1 establece el poder ejecutivo investido en un presidente de los Estados Unidos, el cual desempeñará su cargo por un período de cuatro años con el vicepresidente elegido para tal período.
La segunda cláusula dispuso que para elegir al presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos, los votantes de cada estado escogerán electores en un número igual a la suma de representantes y senadores que tenga el estado en el congreso, sin que ningún senador o representante, ni persona alguna que desempeñe un cargo bajo la autoridad de los Estados Unidos pueda ser escogida como elector.
[La XXIII enmienda, ratificada el 29 de marzo de 1961, le confirió a los habitantes del Distrito de Columbia el derecho a votar para escoger electores presidenciales en un número igual a la suma de representantes y senadores que el distrito tendría derecho a enviar al congreso si fuera estado, pero no mayor que el número de electores del estado con menor número de electores presidenciales. Por ello actualmente el Distrito de Columbia tiene derecho a tres electores presidenciales.]
La tercera cláusula de la sección 1 estableció el procedimiento para que el colegio electoral, constituido por todos los electores escogidos por los votantes de los estados, elija al presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos.
Dispuso esta tercera cláusula:
Que en [la capital de] cada estado los electores se deben reunir y votar cada uno mediante sufragio por dos personas —pero sin especificar a quién se propone como presidente y a quién como vicepresidente—, y que por lo menos una de aquellas dos no debe ser residente de dicho estado;
Que inmediatamente después elaborarán una lista de las personas que recibieron votos, asentando en aquella lista el número de votos que cada persona obtuvo, y que esa lista, firmada, certificada y sellada debidamente, se deberá enviar a la sede del gobierno de los Estados Unidos, dirigida al presidente del senado;
Que en presencia del senado y de la cámara de representantes, el presidente del senado deberá abrir las certificaciones recibidas de los estados, y se procederá a contar los votos;
Que quien obtenga el mayor número de votos se convertirá en el presidente, si dicho número constituye la mayoría de votos del colegio electoral;
Que si se presenta «empate» entre las personas que obtuvieron las más altas votaciones, de inmediato y mediante sufragio la cámara de representantes procederá a escoger a una de ellas como presidente, considerando los votos en términos de estados. Esto es, que a cada estado le corresponderá un voto, el cual se otorgará a la persona que obtenga el mayor número de votos de los miembros de la cámara que representan a dicho estado, y el presidente será quien obtenga las dos terceras partes de los votos de los estados que estén presentes, pero se requerirá que la mayoría de los estados se encuentren representados cuando la cámara haga la selección;
Que si no se presenta «empate» pero nadie obtiene la mayoría de votos del colegio electoral, de inmediato y mediante sufragio la cámara de representantes procederá a escoger al presidente entre las cinco personas que obtuvieron la más altas votaciones del colegio electoral, considerando los votos en términos de estados;
Que una vez escogido el presidente, la persona que le siga en votos se convertirá en vicepresidente. Pero si en ésto se presenta «empate», mediante sufragio el senado deberá escoger al vicepresidente, y éste será quien obtenga las dos terceras partes de los votos de los senadores que estén presentes, pero se requerirá que la mayoría de los estados se encuentren representados cuando el senado haga la selección.
La XII enmienda, ratificada el 15 de junio de 1804, modificó parcialmente lo establecido en esta tercera cláusula, diferenciándose en lo pertinente aquélla de ésta en que [en la capital de su respectivo estado] cada elector votará separadamente por un presidente y por un vicepresidente; que la persona que obtenga el mayor número de votos para presidente ocupará ese cargo, siempre y cuando dicho número constituya la mayoría de votos del colegio electoral; que si tal persona no obtiene esa mayoría, de inmediato la cámara de representantes procederá a escoger, mediante sufragio, al presidente entre las personas que hayan obtenido el mayor número de votos para ese cargo, sin que sea mayor de tres el número de personas consideradas, y considerando los votos en términos de estados; que la persona que obtenga el mayor número de votos para vicepresidente será vicepresidente, si dicho número constituye la mayoría de votos del colegio electoral; que si tal persona no obtiene esa mayoría, el senado escogerá al vicepresidente entre las dos personas que alcanzaron el mayor número de votos para ese cargo; y que, en todo caso, ninguna persona constitucionalmente inelegible para el cargo de presidente será elegible para el de vicepresidente.
[Se sobreentiende que, durante la campaña proselitista, en cada estado el candidato a elector informa a los votantes por cuál persona votará para presidente y por cuál para vicepresidente, si resulta favorecido con el status de elector. Y que los votantes presumen la buena fe, puesto que los electores votarán después mediante sufragio.]
El presidente debe tener edad mínima de 35 años, y ser ciudadano de y residente en los Estados Unidos desde por lo menos 14 años antes de la elección. Recibirá una remuneración por sus servicios, la cual no podrá ser aumentada o disminuida durante el período para el cual fue elegido, y no podrá recibir ningún otro emolumento de los Estados Unidos y de ninguno de los estados.
[Luego, a diferencia de lo que sucede en nuestro país, en los Estados Unidos un inmigrante puede ser miembro de la cámara de representantes, o senador de los Estados Unidos si está naturalizado desde por lo menos 7 ó 9 años antes de la elección, respectivamente. Pero, similar a nuestro país, un inmigrante no podría ser presidente de la nación, en razón de que se lo impide la quinta cláusula de la sección 1 de este artículo.]
Para asumir el cargo el presidente debe pronunciar el siguiente juramento o declaración solemne:
Juro (o declaro) solemnemente desempeñar con toda fidelidad el cargo de presidente de los Estados Unidos y que, hasta el límite de mi capacidad, preservaré, protegeré y defenderé la constitución de los Estados Unidos.
[Actualmente se le oye el agregado: con la ayuda de Dios. Y como allá no existe el llamado «santanderismo», nadie ha exigido una enmienda que autorice al presidente «agregarle el agregado» al texto constitucional del juramento o declaración.]
La constitución no especifica ante quién debe prestar juramento el presidente. Por eso el 30 de abril de 1789 Robert Livingston, un empleado del estado de Nueva York —«un empleaducho», lo llamaría cualesquiera de nuestros «menos venidos a más»—, tomó juramento al primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, en el balcón del Ayuntamiento Federal de la ciudad de Nueva York. A partir del 2° período presidencial de Washington [1793-1797] se volvió costumbre que el presidente de la corte suprema tome el juramento al presidente de los Estados Unidos.
La sección 2 constituye al presidente en comandante supremo del ejército y la marina, y de la milicia de los estados [la guardia nacional] cuando ésta sea llamada al servicio efectivo de los Estados Unidos. Pues en 1787, cuando se redactó la constitución, no existían aviones y, como allá no existe el llamado «santanderismo», nadie ha exigido una enmienda para constituir al presidente en comandante supremo de la fuerza aérea; pero lo es, de hecho. (Remember: las facultades implícitas, descritas en la primera parte de este escrito.)
La sección 2 también lo faculta para otorgar suspensiones temporales [de penas, se sobreentiende] e indultos por delitos cometidos contra los Estados Unidos, excepto a convictos de casos de impugnación.
[Iniciando Richard Nixon su 2° período presidencial en 1973, Robert Woodward y Carl Bernstein, dos periodistas del diario The Washington Post, destaparon el escándalo Watergate, consistente en que durante la campaña presidencial el partido de Nixon —el republicano— había espiado electrónicamente al partido demócrata cuya sede estuvo en el edificio Watergate, y a Nixon se le imputó la autoría intelectual y posterior abuso de poder para acallar testigos. El escándalo tocó al vicepresidente, Spiro Agnew, en cuanto se denunció que había evadido impuestos en su época de gobernador. Ante la «evidencia concluyente» de defraudación fiscal, Spiro Agnew renunció para someterse a juicio y el congreso confirmó como vicepresidente a quien designó Nixon: a Gerald Ford. Nixon renunció cuando calculó inevitable el impeachment —o destitución— si proseguía el juicio de impugnación. Gerald Ford asumió el cargo de presidente y el congreso confirmó como vicepresidente a quien designó Ford: a Nelson Rockefeller. Como la renuncia puso a Nixon a salvo de la destitución pero no lo ponía a salvo de un juicio penal y de una segura pena, Gerald Ford le otorgó el indulto. Esta ha sido la única vez en la cual los Estados Unidos han tenido un presidente, Gerald Ford, y un vicepresidente, Nelson Rockefeller, que no fueron elegidos para dichos cargos.]
Y también faculta al presidente para celebrar Tratados, los cuales serán ratificados por el senado con los votos de las dos terceras partes de los senadores. (Remember: el Tratado Torrijos-Carter, de 1977, por el cual Estados Unidos se comprometió a devolverle a Panamá el Canal a la medianoche del 31 de diciembre de 1999.)
El presidente designa a los embajadores, a sus secretarios [«ministros», es nuestro tecnicismo], a los cónsules, a los jueces de la corte suprema [«magistrados», es nuestro tecnicismo], y a los demás funcionarios federales cuyo nombramiento no esté especificado en la constitución o en la ley que deba hacerse de otra forma —pues se tiene como principio que todo funcionario federal, civil o militar, recibe su autoridad directamente del presidente—, pero aquéllos no podrán asumir sus cargos mientras el senado no haya confirmado sus nombramientos. Sin embargo, el senado puede legalmente encomendar la designación de funcionarios menores al presidente, a los tribunales de justicia o a los titulares de las distintas secretarías.
Mientras el senado esté en receso, el presidente puede llenar vacantes designando temporalmente a funcionarios cuyo nombramiento requiere la confirmación de aquél. Pero la comisión expirará al final del siguiente período de sesiones, cuando la asumirá quien haya sido confirmado por el senado —en ese período de sesiones— para el respectivo cargo.
La sección 3 dispone que el presidente deberá informar periódicamente al congreso sobre el Estado de la Unión [actualmente es un discurso anual ante el congreso], y pondrá a su consideración las medidas que estime necesarias y pertinentes. En ocasiones extraordinarias podrá convocar a ambas cámaras o a cualquiera de ellas. Y si hay desacuerdo entre aquéllas sobre la fecha de sus recesos [pues la constitución fijó la fecha de apertura de las sesiones —el primer lunes de diciembre de cada año— pero no la de la clausura], podrá imponerla.
La sección 4 —última del artículo— establece que el presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán retirados de su cargo si son impugnados y convictos de traición, cohecho u otros delitos y faltas.
EL ARTÍCULO III
La sección 1 establece el poder judicial, confiado a una corte suprema y a los tribunales menores cuya formación sea ordenada por el congreso.
Dispuso que los jueces de la corte suprema y de los tribunales menores desempeñarán su cargo mientras observen buena conducta, y que la retribución por sus servicios no podrá ser reducida durante su desempeño del cargo.
[Como el presidente de los Estados Unidos designa jueces y el congreso los confirma y establece sueldos, es obvio que los Padres Fundadores quisieron garantizar la independencia de la justicia; ponerla a salvo de la intimidación o de la presión de los poderes ejecutivo y legislativo. De modo que mientras el juez no renuncie, ni sea declarado convicto de un cargo de impugnación, podrá desempeñar su cargo hasta la edad de retiro forzoso establecida mediante ley.]
La sección 2 establece hasta dónde se extenderá el poder judicial de los Estados Unidos: (…) a todos los casos de derecho y equidad que surjan bajo esta constitución, a las leyes de los Estados Unidos, a los tratados que se celebren o vayan a celebrarse (…)
La facultad de las cortes federales —véase la segunda cláusula del artículo VI— de conocer los casos que surjan bajo esta constitución fundamentó, en el caso Marbury versus Madison en 1803, la histórica decisión del cuarto presidente de la corte suprema, John Marshall, para que la corte «se arrogara» la facultad de Revisión Judicial, que es el poder para anular por inconstitucionales las leyes del congreso y las leyes de los estados.
Todos los casos en que estén involucrados embajadores, cónsules y otros ministros públicos, y en aquellos en los cuales un estado sea una de las partes, se remiten directamente a la corte suprema, pues ella tiene la jurisdicción original. Todos los demás casos se juzgan en un tribunal menor, y pueden llegar a la corte suprema para su revisión si mediante ley el congreso ha autorizado la apelación. Esto es, que el congreso no puede legislar para anular o modificar la jurisdicción original de la corte suprema, pero sí puede hacerlo para fijar qué condiciones se deben satisfacer para apelar ante la suprema corte.
Todos los delitos, salvo los casos de impugnación [de los funcionarios, que son juzgados por el senado], serán procesados por jurados y el juicio correspondiente se celebrará en el estado donde los presuntos delitos se cometieron; pero, si el estado no pudiere determinarse, el juicio se celebrará en el o en los lugares que el congreso determine mediante ley.
La sección 3 —última del artículo— establece que la traición a los Estados Unidos consistirá únicamente en hacerle la guerra al país, o en aliarse con los enemigos de éste proporcionándoles auxilio y aliento. En todo caso, nadie será convicto de traición a menos que confiese su culpa en un juicio público, o que dos testigos declaren que lo vieron incurrir en la felonía.
La disposición de que la muerte civil por traición no implicará la corrupción de la sangre, significa que los familiares del traidor no deberán compartir la culpa de éste.
EL ARTÍCULO IV
Se ocupa de las relaciones recíprocas de los estados. Gran parte de este artículo fue extraída textualmente de los antiguos (trece) Artículos de la Confederación.
La sección 1 exige que cada estado debe conceder toda su fe y dar plena credibilidad a las actas públicas, los registros, las leyes y los fallos judiciales de todos los demás estados. [Entre otros, ello impide eludir el castigo de la justicia mediante el simple recurso de trastear de estado.]
La sección 2 dispone, en su primera cláusula, que los ciudadanos de cada estado tendrán derecho, en otro estado, a los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de dicho estado.
La segunda cláusula dispone que si una persona comete un delito en un estado y huye a otro, el gobernador del primero puede exigir a su homólogo la extradición del fugitivo para procesarlo.
Y la tercera cláusula de esta sección 2 tiene un simple interés histórico, pues se ocupa de algo así como la «extradición» de esclavos que, en busca de libertad, se «vuelan» a otro estado. [Porque la XIII enmienda, ratificada en 1865, dejó a esta cláusula sin algún sentido.]
La sección 3 confiere al congreso la facultad de admitir nuevos estados en la Unión. Pero prohíbe que un estado se forme dentro de la jurisdicción de otro; o que se forme fusionando estados o partes de los estados, sin el consentimiento del congreso y de las legislaturas de los estados involucrados.
[No obstante, en 1863 el congreso admitió a Virginia Occidental como nuevo estado, pese a que se formó escindiéndose de el de Virginia. Lo admitió —se sobreentiende— porque en ese momento Virginia era un estado, tan comprometidamente secesionista, que Richmond, su capital, era capital de la Confederación sudista, mientras la población de la parte occidental del estado defendía a la Unión.]
La sección 4 —última del artículo— exige al gobierno federal verificar que todo estado tenga una forma republicana de gobierno [aquella en la cual el pueblo elige a sus gobernantes]. Con base en lo dispuesto en la sección 5 del artículo I, la corte suprema dictaminó que el congreso, no los tribunales, decide si es republicano el gobierno de un estado. De acuerdo con el dictamen de la suprema corte, si el congreso acepta a los senadores y representantes de un estado, es porque considera republicano al gobierno de dicho estado.
EL ARTÍCULO V
Prescribe el procedimiento para la adopción de enmiendas a la constitución, y consta de una sola cláusula o inciso que no tiene, obviamente, la denominación «sección».
Dispone que cualquier enmienda puede ser propuesta [«aprobada», se sobreentiende] por el voto de las dos terceras partes de cada cámara del congreso, o puede ser propuesta [aprobada] por una convención convocada por el congreso a petición de las legislaturas de dos terceras partes de los estados.
En cualesquiera de estos casos, la enmienda será válida por todo concepto como parte de la constitución —con la denominación: artículo de enmienda a la constitución de los Estados Unidos— cuando haya sido ratificada por las legislaturas de las tres cuartas partes de los estados, o cuando haya sido ratificada por las tres cuartas partes de las convenciones estatales convocadas para ese fin.
Independiente de si la enmienda es propuesta [aprobada] por el congreso, o por una convención nacional convocada por el congreso, es el congreso quien determina: tanto si la enmienda la ratificarán las legislaturas de los estados o convenciones estatales, como de cuánto tiempo dispondrán los estados para ratificarla… o rechazarla.
[Colige el autor que, respecto de una enmienda, en los Estados Unidos se utiliza el término propuesta, y no «aprobada», por cuanto, aprobada por el congreso o por una convención nacional convocada por el congreso, la enmienda se «propone» a cada estado para que la ratifique —o la rechace— su legislatura o la convención de ratificación que convoque aquél. Y que se utiliza la expresión proyecto legislativo, en lugar de «ley», por cuanto, para que sea ley, se requiere que la firme el presidente de los Estados Unidos —que «la sancione», es nuestro tecnicismo— en los diez días siguientes a su recibo, o que no la firme pero que tampoco la objete en ese plazo.]
EL ARTÍCULO VI
Consta de tres párrafos, o cláusulas o incisos, cada uno referido a distinto tema. No obstante, ninguno tiene la denominación «sección».
La primera cláusula reconoce todas las deudas y obligaciones contraídas por los Estados Unidos antes de la adopción de la constitución.
La segunda cláusula establece que:
Esta Constitución y las Leyes de los Estados Unidos que de ella dimanen, y todos los Tratados que se celebren o que vayan a celebrarse bajo la Autoridad de los Estados Unidos, constituirán la Ley suprema de la Nación; y los jueces de todos los Estados tendrán obligación de acatarla, a pesar de cualquier Disposición contraria que pudiera estar contenida en la Constitución o en las Leyes de cualquier Estado.
Se le conoce como «la cláusula de supremacía», y también se le denomina «el tornillo maestro de la constitución», pues fuerza a que cuando las leyes de un estado no concuerden con las nacionales, se imponen éstas; a que las leyes nacionales concuerden con la constitución; y la corte suprema arbitra los conflictos de constitucionalidad que lleguen a presentarse. (Remember: lo comentado en la sección 2 del artículo III.)
La tercera cláusula exige que los funcionarios municipales, estatales y federales profesen, por juramento o declaración, una lealtad suprema a la constitución de los Estados Unidos; incluso, antes que a la de cualquier estado. Pero también prohíbe exámenes de índole religiosa para desempeñar un cargo bajo la autoridad de los Estados Unidos.
EL ARTÍCULO VII
No está dividido en secciones, pero consta de un par de cláusulas.
La primera cláusula establece que la ratificación de nueve estados será suficiente para que la constitución entre a regir en ellos.
Y la segunda cláusula es una constancia histórica:
Se ha obrado de consuno, por consentimiento unánime de los estados presentes, en el décimo séptimo día de septiembre del Año de Gracia de mil setecientos ochenta y siete y el duodécimo de la Independencia de los Estados Unidos de América. Como Testigos del acto, los presentes hemos inscrito aquí nuestros nombres.
George Washington, presidente y delegado de Virginia.
Atestigua William Jackson, secretario.
Y siguen otras 38 firmas.
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Este artículo lo publicó la revista Huella Humanista en las páginas 24-30 de su edición N° 5 (UFPS, Facultad de Educación, Artes y Humanidades, noviembre de 1999).
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3ª parte: La Declaración de Derechos
Cuando Francia se anexionó a Canadá, al valle del Mississippi y a la Louisiana, y se alió con España que era dueña de la Florida, las colonias anglosajonas en Norteamérica se vieron amenazadas.
Esto fuerza a los colonos a librar aquí contra los franceses, en el ejército de su «madre patria», la guerra que con el nombre de La Guerra de los Siete Años [1756-1763] libraron en Europa las potencias Inglaterra y Prusia contra Francia y Austria —más las aliadas de éstas: España, Suecia, Sajonia y Rusia—, a la cual le puso fin la paz [o tratado] de París de 1763, que dejó en manos de Inglaterra las posesiones francesas en Norteamérica.
Pero la guerra dejó consecuencias económicas a un lado del Atlántico, y políticas en el otro: devastó el tesoro de la Corona, y exacerbó el nacionalismo de los colonos. Para afrontar estos dos efectos, la metrópoli decretó un abusivo aumento de impuestos sobre los productos básicos que las trece colonias comercializaban, y restringió gravemente las libertades individuales.
Irritadas por los abusos, en 1774 doce de las colonias acreditaron representantes [Georgia no los acreditó] que se reunieron en congreso en Filadelfia y establecieron un boicoteo sobre las mercancías británicas objeto de importación, exigieron a la Corona los mismos derechos de sus súbditos nacidos en la metrópoli y le reclamaron escaños en el parlamento británico.
[Fue una cucharada de su propia medicina, pues «ningún impuesto sin representación en el parlamento» fue la premisa de la nobleza feudal y el clero contra Juan Sin Tierra, que forzó a este rey inglés a promulgar en 1215 la Carta Magna.]
Gran Bretaña respondió enviando más tropas a norteamérica, y los colonos, que para 1775 sobrepasaban los dos millones, se fueron aprovisionando de armamento. La agresión militar británica contra Massachusetts [«el tiroteo de Lexington»], en abril de 1775, se constituyó en la chispa que encendió la Guerra de Independencia [1775-1783]. Un segundo congreso, reunido en Filadelfia en diciembre de 1775, rechazó las condiciones de paz ofrecidas por la Corona y designó a George Washington comandante en jefe del naciente ejército.
El 11 de junio de 1776 el Segundo Congreso Continental, reunido en Filadelfia e integrado por 56 representantes de las colonias, designó a John Adams (de Massachusetts), Thomas Jefferson (de Virginia), Benjamin Franklin (de Pennsylvania), Roger Sherman (de Connecticut) y Robert Livingston (de New York) para que redactaran una Declaración de Independencia y dicha Declaración, que fue principalmente obra de Thomas Jefferson, la proclamó el Congreso Continental el 4 de julio de 1776.
[: Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo disuelva los lazos políticos que lo han vinculado con otro, y adopte ante los poderes de la Tierra la posición igual y separada a la cual las leyes de la Naturaleza y de la naturaleza divina le dan derecho, un apropiado respeto por las opiniones del género humano exige que dicho pueblo declare los motivos que lo impelen a la separación.
Declaramos que estas verdades por sí mismas son evidentes: que todos los hombres son creados iguales; que su Creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad.
(...)]
Las trece colonias se organizaron como país bajo la forma de una confederación denominada Los Estados Unidos de América, que se regía por una forma de constitución de trece artículos denominada Artículos de la Confederación.
[Una confederación es una unión de estados que se someten a ciertas leyes, pero cada estado es soberano interna y externamente; como, por ejemplo, para declararle la guerra a otro país del mundo, o incluso a otro estado de tal confederación. Una federación también es una unión de estados que se someten a ciertas leyes, pero forman una unidad internacional.]
La necesidad de librar una guerra conjunta contra Inglaterra mantuvo a los estados trabajando por un interés común, bajo la autoridad del Congreso Continental. Pero con la firma de la paz [o tratado] de Versalles el 3 de septiembre de 1783, cuya cláusula más significativa fue el reconocimiento de Gran Bretaña de la independencia de los Estados Unidos, comenzó un período de inestabilidad política y comercial.
Los Artículos de la Confederación otorgaban, obviamente, independencia a cada estado, pero, como confederación, el nuevo país era apenas una asamblea representativa de trece estados, pues carecía de una rama ejecutiva central, de un sistema de tribunales nacionales, de capacidad para regular el comercio interestatal y para cobrar impuestos a los estados o a los ciudadanos de éstos, y de capacidad para hacer que los estados trabajaran en la resolución de los problemas de la nación.
En definitiva, cada estado se comportaba como un país independiente: cada uno tenía su milicia y emitía moneda, de valor escaso, pues difícilmente la admitían en otro estado; los estados vecinos se aplicaban recíprocamente impuestos; sus legislaturas se negaban a reconocer el pago de sus «cuotas partes» de la cuantiosa deuda pública que el Congreso Continental contrajo para financiar la Guerra de Independencia, y varias legislaturas promulgaron leyes que permitían a los deudores eludir el pago de sus obligaciones particulares. Gran Bretaña se demoraba en reabrir los canales comerciales de los cuales habían dependido las colonias para su bienestar económico, y, para colmo de tantos males, hubo quienes optaron por las armas para resolver problemas y hacer justicia por su propia mano.
George Washington, cavilando sobre si no había inútil tanto sacrificio en una guerra de ocho años para emanciparse de Gran Bretaña, concluyó que ya era hora de ponerle freno a los conflictos, de imponer la paz y de reestablecer el orden, conformando un gobierno nacional que fuera lo suficientemente fuerte para ganarse la obediencia nacional y el reconocimiento en el extranjero.
Coincidentes con ese razonamiento, los representantes de cinco estados que en 1786 se reunieron en Annapolis (Maryland) sugirieron al Congreso Continental que los estados nombraran comisionados para reunirse en Filadelfia, con el fin de revisar los Artículos de la Confederación. El congreso, acogiendo la sugerencia, recomendó que cada estado eligiera delegados para una convención constitucional.
El 14 de mayo de 1787 fue la fecha prevista para instalar la convención constitucional, pero ese día muy pocos de los 55 delegados que se esperaban habían arribado a Filadelfia. El 25 de mayo estaban presentes representantes de siete estados, y con ese quórum se instaló formalmente la convención en el Independence Hall. En últimas, la convención contó con sólo 42 delegados de doce estados, pues Rodhe Island, el estado más pequeño superficialmente, se negó a enviar delegados porque no deseaba que se creara un gobierno nacional, y menos con el poder para entrometerse en sus asuntos.
Aunque la misión de la convención fue la de revisar los Artículos de la Confederación, los delegados optaron por redactar una nueva constitución que fue promulgada el 17 de septiembre de 1787 y entró en vigor el 21 de junio de 1788 cuando, de conformidad con la primera cláusula de su último artículo [el artículo VII], la ratificó el noveno estado: New Hampshire.
[En la práctica, el sistema de gobierno federal que creó la constitución comenzó a regir el 30 de abril de 1789 cuando, en el balcón del Ayuntamiento Federal de la ciudad de Nueva York, George Washington fue investido como el primer presidente de la nación, y John Adams como el primer vicepresidente; para entonces, once de los treces estados habían ratificado la constitución. Carolina del Norte la ratificaría el 21 de noviembre de ese año, 1789, y Rodhe Island la ratificaría el 29 de mayo de 1790.]
George Washington, delegado de Virginia, presidió la convención constitucional y William Jackson, el secretario, atestiguó las firmas de los 39 [de los 42] delegados que inscribieron en la constitución sus nombres, pues tres destacados miembros de la convención constitucional, George Mason, Edmund Randolph y Elbridge Gerry, se negaron a inscribir sus nombres.
Y se negaron, no sólo porque consideraban que al presidente se le investía de demasiada autoridad y al congreso de facultades exageradas, sino principalmente porque en la constitución no se incluyeron disposiciones que protegieran las libertades individuales contra posibles arbitrariedades del poder central.
Porque la mayoría de las constituciones que los estados adoptaron durante la Guerra de Independencia sí incluían una declaración expresa de los derechos de todos sus habitantes. La primera y más célebre carta de derechos fundamentales había sido la Declaración de Derechos de Virginia, redactada por George Mason en 1776. Él, junto con Patrick Henry —quien se negó a asistir a la convención constitucional como delegado de Virginia porque se oponía a la creación de un gobierno nacional todopoderoso— y Richard Lee, se esmeraron porque en Virginia la constitución no se ratificara. Lo propio hizo Elbridge Gerry en Massachusetts.
La oposición irradió a varios de los estados y dividió a la opinión pública entre federalistas, como se les llamó a quienes promovían que la constitución se ratificara, y en antifederalistas, como se les llamó a quienes promovían su no ratificación. Los antifederalistas habrían logrado su cometido, si los federalistas no hubiesen accedido a promover en el congreso la adopción de enmiendas que adicionaran la constitución con la Declaración de Derechos que los antifederalistas solicitaban.
James Madison, quien en la convención constitucional había recibido el título de Padre de la Constitución, había también de ser el padre de la Declaración de Derechos, pues el 8 de junio de 1789 propuso quince artículos de enmienda en la cámara de representantes. El 25 de septiembre de ese año el congreso aprobó doce de esas quince, y el 15 de diciembre de 1791 tres cuartas partes de los estados habían ratificado diez de las doce enmiendas «propuestas» por el congreso.
[Se sobreentiende: «propuestas» para que los estados las ratifiquen o las rechacen.]
Luego de conformidad con lo establecido en el artículo V de la constitución [que una enmienda se incorpora a aquélla cuando haya sido ratificada por las tres cuartas partes de los estados], la Declaración de Derechos entró en vigor el 15 de diciembre de 1791.
[Así que cuando Carolina del Norte y Rodhe Island ratificaron la constitución —el 21.11.1789 y el 29.05.1790, respectivamente—, ya el congreso había aprobado las doce enmiendas y éstas cursaban el trámite de ratificación en los once estados en los cuales la constitución había sido ratificada.]
Originalmente estas enmiendas sólo obligaban al gobierno federal, pero la corte suprema ha interpretado las disposiciones de la XIV enmienda, ratificada el 9 de julio de 1868, en el sentido de que, casi en su totalidad, la Declaración de Derechos también obliga al gobierno de los estados.
Desde el 21 de junio de 1788, cuando entró en vigor la constitución en los nueve estados que a esa fecha la habían ratificado, hasta nuestros días, el congreso de los Estados Unidos ha considerado más de 7.000 enmiendas, de las cuales sólo aprobó 34. De éstas, sólo 27 fueron ratificadas: 26 de ellas por las legislaturas de los estados, y sólo una [la XXI, que lo dispuso así] por convenciones estatales.
Le prohíbe al congreso legislar para establecer una religión oficial; para limitar la libertad de cultos, de expresión o de prensa; para coartar el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente; y para impedir que aquél pida al gobierno la reparación de agravios [«indemnización por perjuicios morales y materiales», es nuestro tecnicismo].
Alguien dijo que «la libertad del puño llega hasta un milímetro antes de la nariz del prójimo», porque los derechos tienen límites razonables. Así, por ejemplo, en el siglo XIX algunos mormones preconizaban como deber religioso del hombre tener más de una esposa, y se supone consideraban que a tal creencia la amparaba el derecho al libre ejercicio de la religión, establecido en esta enmienda. Pero la corte suprema ordenó a los mormones obedecer las leyes, que prohíben la poligamia.
Considerando que la seguridad de un Estado libre requiere una milicia regulada debidamente, esta enmienda establece que no se restringirá el derecho de la población a poseer y portar armas.
Como cada estado tiene una milicia popular —denominada guardia nacional, adiestrada por el ejército— para prestar servicios de orden, de vigilancia, de seguridad y otros servicios auxiliares, esta enmienda se adoptó principalmente para impedirle al congreso desarmar a las milicias de los estados.
[No para que se creara la poderosa «Asociación Nacional del Rifle». Ni para que en cada condado se abra un almacén de armas, como quien inaugura una tienda de caramelos. Ni para que cada estadounidense se arme, cual forajido de película del «Lejano Oeste». Y menos para que, en algún establecimiento de educación, algún niño o adolescente masacre a plomo a sus maestros y condiscípulos.]
Dispone que en tiempo de paz ningún soldado deberá alojarse en una casa sin el consentimiento del propietario, y que en tiempo de guerra el soldado deberá atenerse a lo que la ley prescriba.
Esta enmienda se adoptó por un fantasma de la Colonia: los británicos obligaban a los colonos a hospedar soldados en sus hogares.
Exige a las autoridades recurrir a un juez y convencerlo [crearle una «duda razonable» al juez], por juramento o declaración solemne, de la necesidad de que les expida órdenes de arresto, o de cateo o de decomiso. De expedirlas, el juez deberá especificar el lugar preciso que habrá de inspeccionarse, o las personas o cosas que habrá —respectivamente— de detenerse o decomisarse.
La corte suprema ha dictaminado que las pruebas obtenidas contraviniendo la cuarta enmienda pueden no ser admitidas como tales en un proceso. Si tales pruebas se presentaran, el juez, tras las mociones de la fiscalía y de la defensa, las admite o las rechaza.
De otra parte, como casi faltaba un siglo para que el teléfono se inventara, en la enmienda no está previsto que las autoridades deben recabar de un juez órdenes para intervenirlo, pero la corte suprema ha dictaminado que tal exigencia se deriva de lo dispuesto en esta enmienda.
[Pues la obligación que tiene de procurarle seguridad al pueblo no le confiere al gobierno «patente de corso» para que invada alegremente la privacidad —si se quiere: la intimidad— de los ciudadanos, ni para que disponga arbitrariamente de su libertad y su propiedad.]
LA 5ª ENMIENDA
Prohíbe detener a una persona para que responda por un delito capital o por un delito infamante sin un auto de acusación formulado por un gran jurado; someterla a juicio dos veces por el mismo delito; obligarla a testificar contra sí misma en una causa penal; privarla de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso judicial; y enajenarle la propiedad para darle algún uso público, sin una compensación justa.
El delito capital es el que sin alguna consideración la ley castiga con la pena de muerte. El delito infamante es el que, de acuerdo con las agravantes o atenuantes, la ley castiga con la pena de muerte o con la cárcel. El auto de acusación es la declaración formal escrita de acusación contra una persona por un delito. Y el gran jurado es un grupo especial de individuos seleccionados para examinar las acusaciones contra la persona a la cual se le imputa un delito; si encuentra evidencia concluyente, o por lo menos algo más que circunstancial, hace cargos formales [formula el auto de acusación] bajo los cuales después la persona será sometida a juicio.
Pese a la prohibición de juzgar dos veces a una persona por el mismo delito, ésta podrá ser juzgada por segunda vez si el jurado [el del juicio, que no el gran jurado] no consigue pronunciar un veredicto, o si por alguna razón se declara que el juicio no se realizó adecuadamente, o si el acusado solicita un nuevo juicio.
La expresión sin el debido proceso judicial figura en la XIV enmienda, ratificada en 1868, como imposición al gobierno de los estados, y actualmente las cortes invocan el mandato del debido proceso para anular las leyes que restrinjan la libertad personal.
El gobierno federal tiene una prerrogativa denominada dominio eminente, por la cual puede tomar propiedades de cualquier persona para darles un uso público [ejecutar obras públicas, por ejemplo]. Pero esta enmienda le prohíbe al gobierno ejercerla sin pagarle a su propietario un precio justo.
Establece que, en todas las causas penales, la persona acusada de un delito tiene derecho a ser juzgada en forma pública y expedita por un jurado imparcial; a ser informada de la índole y motivo de la acusación; a ser confrontada con los testigos que presenten en contra suya; a que se reciban testimonios a su favor; y a contar con asistencia jurídica apropiada para su defensa.
La corte suprema ha dictaminado que si el acusado de un delito penal no puede costearse la asistencia del abogado, se le debe asignar un defensor para que de oficio lo represente.
Como en los Estados Unidos no existe [como existió en nuestro país] la justicia encapuchada, el derecho del acusado a carearse con los testigos que lo acusan fuerza a las cortes a no admitir como pruebas el testimonio de testigos «encapuchados», y permite que el acusado o su abogado puedan establecer si los acusadores mienten o se equivocan.
El derecho del detenido establecido en la quinta enmienda a no autoincriminarse, y el derecho establecido en la sexta enmienda a ser asistido por abogado, y gratuitamente si fuere el caso, obligan a las autoridades que llevan a cabo la detención a informar al detenido de sus garantías constitucionales. Palabras menos, palabras más: Tiene derecho a guardar silencio. Si renuncia a ese derecho, lo que diga podrá usarse en contra suya en una corte legal. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagarlo, se le asignará uno.
Extiende a las causas civiles el derecho a juicio por jurado, cuando el motivo de la controversia supere los veinte dólares.
Aunque esta disposición se refiere a los juicios que deben conocer las cortes federales, la mayoría de las constituciones de los estados han adoptado los juicios por jurado para las causas civiles.
Dispone que no deberá exigirse fianzas excesivas, ni imponerse multas exageradas, ni aplicarse castigos crueles y desusados.
En 1972 el caso Furman versus [el estado de] Georgia llevó a la corte suprema a considerar que la pena capital, como se estaba aplicando, era un castigo desusado y cruel que violaba la VIII enmienda porque no se aplicaba de un modo uniforme y justo, y dictaminó que se podía imponer si se adoptan normas que salvaguarden a la persona contra veredictos amañados o arbitrarios.
Para satisfacer las objeciones de la suprema corte, los estados que incluyen la pena capital en su legislación penal adoptaron nuevas leyes sobre la pena de muerte.
Dictamina que el hecho de que la constitución enumere ciertos derechos no se debe interpretar como negación o menosprecio hacia otros derechos que también son prerrogativas del pueblo.
Es obvio que esta enmienda se adoptó para impedir que «los interesados» interpreten que los derechos no asentados expresamente en la Declaración de Derechos pueden desconocerse.
[El artículo 94 de la constitución política de la República de Colombia, promulgada en 1991, tiene un texto similar al de esta novena enmienda a la constitución de los Estados Unidos. Y por cierto que un texto similar a esta novena enmienda se incluyó como artículo 22 en la recién promulgada constitución política de nuestra hermana «República Bolivariana de Venezuela».]
Establece que los poderes no delegados expresamente por la constitución al gobierno federal quedan reservados a los estados, y que los poderes no prohibidos expresamente a los estados los retiene el pueblo.
Entre los poderes o facultades que retiene el pueblo está, por ejemplo, el derecho a la propiedad; y entre los reservados a los estados está, por ejemplo, legislar sobre el matrimonio, el divorcio y la educación.
Pero la constitución confiere al gobierno federal la facultad de adoptar las leyes apropiadas y necesarias para el desempeño de sus poderes, y esta disposición dificulta establecer con exactitud los derechos de los estados. Además de que, ante un conflicto de competencias, el gobierno federal tiene supremacía sobre el estatal.
Y en el caso extremo de que éste llegara a insubordinarse, el presidente puede despojar al gobernador del mando sobre la milicia de su estado [la guardia nacional]. Porque el presidente de los Estados Unidos, además de ser comandante supremo del ejército, la marina y la fuerza aérea, también se constituye en comandante supremo de la milicia de los estados cuando ésta es llamada al servicio efectivo de los Estados Unidos, y esta convocatoria la hace el presidente mediante un «decreto de los Estados Unidos».
u
Post-scriptum. Como el autor del presente escrito jamás ha pisado un aula de una facultad de Leyes, le deja a los expertos el discurso que se derive de cotejar la Declaración de Derechos, con los Derechos Fundamentales contenidos en el capítulo 1 del título II de la constitución política de la República de Colombia.
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Este artículo lo publicó la revista Huella Humanista en las páginas 14-19 de su edición N° 6 (UFPS, Facultad de Educación, Artes y Humanidades, julio del 2000).
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4ª parte: Las últimas diecisiete enmiendas
Prescribe que el poder judicial de los Estados Unidos no se debe interpretar como recurso para que cualquier ciudadano de un estado pueda entablar litigios de derecho o equidad contra otro estado, o para que un ciudadano o súbdito de cualquier Estado extranjero pueda entablarlos contra cualesquiera de los Estados Unidos.
Esta enmienda, propuesta [aprobada] por el congreso el 4 de marzo de 1794 y ratificada el 7 de febrero de 1795, la promovió el estado de Georgia en razón de que en 1793, en el caso Chisholm versus Georgia, un ciudadano de Carolina del Sur demandó a Georgia por el problema de una herencia y, cuando Georgia opuso como argumento que ante una corte federal un estado no es demandable, la corte suprema dirimió el asunto dictaminando que la demanda sí procedía.
Pero a pesar de lo prescrito en esta enmienda, los ciudadanos suelen demandar ante una corte federal a cualquier estado cuando sus autoridades les conculcan sus derechos constitucionales, y los jueces federales suelen darle curso a las demandas.
LA 12ª ENMIENDA
Propuesta el 9 de diciembre de 1803 y ratificada el 15 de junio de 1804, modifica el procedimiento establecido en la tercera cláusula de la sección 1 del artículo II de la constitución para elegir al presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos.
Dispone:
Que los electores [presidenciales] se reúnan en [la capital de] su respectivo estado y mediante sufragios separados cada uno vote por un presidente y por un vicepresidente, y que al menos uno de ellos dos no sea residente de dicho estado;
[Los electores presidenciales son elegidos por los votantes de cada estado en un número igual a la suma de representantes y senadores que el respectivo estado tenga en el congreso, sin que ningún senador o representante o persona alguna que desempeñe un cargo bajo la autoridad de los Estados Unidos pueda ser escogida como elector. La fecha en que se deben reunir para presentar sus votos, y que debe ser una sola en todo el territorio de los Estados Unidos, es determinada por el congreso. Al conjunto de todos los electores escogidos por los votantes de los estados lo denominan: colegio electoral.]
Que, después de la votación, deben elaborar una lista de las personas que recibieron votos para presidente y otra de las personas que los recibieron para vicepresidente, asentando en cada lista el número de votos que cada persona obtuvo;
Que esas listas deben ser firmadas y certificadas, y, selladas debidamente, enviadas a la sede del gobierno de los Estados Unidos, dirigidas al presidente del senado [que lo es el vicepresidente de los Estados Unidos];
Que, en presencia del senado y de la cámara de representantes, el presidente del senado abrirá las certificaciones recibidas de los estados y se procederá a contar los votos;
Que la persona que obtenga el mayor número de votos para presidente ocupará ese cargo, si dicho número constituye la mayoría de los votos del colegio electoral;
Que si ninguna persona obtiene la mayoría, mediante sufragio la cámara de representantes procederá a escoger al presidente entre las personas que alcanzaron el mayor número de votos para ese cargo, sin que sea mayor de tres el número de personas consideradas;
Que, para tal efecto, la cámara considerará sus votos en términos de estados. Esto es, que a cada estado le corresponderá un voto, el cual se otorgará a la persona que obtenga el mayor número de votos de los miembros de la cámara que representan a dicho estado, y que el presidente será quien obtenga las dos terceras partes de los votos de los estados que estén presentes, pero se requerirá que la mayoría de los estados se encuentren representados cuando la cámara de representantes haga la selección.
[La enmienda a continuación dispone que el vicepresidente deberá desempeñarse como presidente si —cuando le corresponda hacerlo– la cámara no escoge al presidente antes del cuarto día del subsiguiente marzo –porque el 4 de marzo se posesionaban el presidente y el vicepresidente—, o en caso de fallecimiento o de cualquier incapacidad constitucional del presidente. Pero este texto fue sustituido por la sección 3 de la XX enmienda, ratificada en 1933, la cual, por cierto, en su sección 1 adelantó la fecha de posesión del presidente y del vicepresidente para el mediodía del 20 de enero del respectivo año.]
Además dispone que la persona que obtenga el mayor número de votos para vicepresidente ocupará ese cargo, si dicho número constituye la mayoría de los votos del colegio electoral;
Que si ninguna persona obtiene la mayoría, entonces el senado procederá a escoger al vicepresidente entre las dos personas que tengan el mayor número de votos para ese cargo, y que será vicepresidente quien obtenga las dos terceras partes de los votos del total de los senadores que estén presentes, pero se requerirá que la mayoría de los estados se encuentren representados cuando el senado haga la selección.
Y al final dispone que ninguna persona constitucionalmente inelegible para el cargo de presidente será elegible para el de vicepresidente.
[La mencionada tercera cláusula de la sección 1 del artículo II de la constitución, sustituida por esta enmienda, se diferencia de ésta en que: en cada estado cada elector debía votar mediante sufragio por dos personas, pero no especificaba a quién proponía para presidente y a quién para vicepresidente; se convertía en presidente quien obtenía el mayor número de votos, si dicho número constituía la mayoría de los votos del colegio electoral; si se presentaba «empate» entre las personas que obtuvieron las más altas votaciones, de inmediato y mediante sufragio la cámara procedería a elegir a una de ellas como presidente; si no se presentaba «empate» pero nadie obtenía la mayoría de los votos del colegio electoral, de inmediato y mediante sufragio la cámara debía escoger al presidente entre las cinco personas que obtuvieron las más altas votaciones; escogido el presidente, la persona que le siguiera en votos se convertiría en vicepresidente; pero si en ésto se presentaba «empate», mediante sufragio el senado debía escoger a quien se desempeñaría como vicepresidente.]
Pues bien: esta enmienda se adoptó por lo que ocurrió en la elección presidencial de 1800 cuando los dos primeros, Thomas Jefferson y Aaron Burr, obtuvieron igual número de votos del colegio electoral, lo cual dejó la decisión en manos de la cámara de representantes. Ésta eligió a Jefferson presidente —lo cual convirtió a Burr automáticamente en vicepresidente— para el período 1801-1805 pero, tardó tanto en decidirlo, que la gente temía que para el día de la toma de posesión no tendrían a quién posesionar como presidente.
Desde la vigencia de esta enmienda, sólo una vez la cámara de representantes ha tenido que escoger al presidente de los Estados Unidos: a John Quincy Adams, para el período 1825-1829. En los demás casos, los presidentes han obtenido del colegio electoral la mayoría de los votos electorales.
LA 13ª ENMIENDA
Consuma la abolición de la esclavitud. Fue propuesta el 31 de enero de 1865 y ratificada el 6 de diciembre del mismo año.
Consta de dos secciones.
La sección 1 establece que: Ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria, con excepción de los casos en que ésta sea impuesta como castigo por delitos de los cuales el interesado haya sido debidamente convicto, [condenado a trabajos forzados] podrán existir ni en los Estados Unidos ni en lugar alguno que se encuentre bajo la jurisdicción de éstos.
Y la sección 2 faculta al congreso para hacer cumplir esta enmienda mediante la legislación apropiada.
Pues bien: la guerra civil, o Guerra de Secesión, transcurrió entre mitad de abril de 1861 y comienzo de abril de 1865.
El 20 de diciembre de 1860, cuando era un hecho que Abraham Lincoln —un declarado abolicionista, del recién fundado partido republicano— había ganado la elección presidencial de noviembre recién pasado, la legislatura de Carolina del Sur promulgó una ordenanza de secesión. En enero de 1861 las legislaturas de Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana y Texas adoptaron igual determinación. En febrero de 1861 los siete estados escindidos de la Unión formaron un nuevo país al Sur, Los Estados Confederados de Norteamérica, al cual se unieron poco después Carolina del Norte, Arkansas, Virginia y Tennessee.
Así que el 4 de marzo de 1861 Lincoln en realidad juró como el 16° presidente de apenas dos tercios de los Estados Unidos: de 23 de los 34 estados.
Pero un poco antes de que Lincoln jurara al cargo, el congreso, ad portas de disolverse para entrar en receso o vacaciones, aprobó una enmienda que declaró a la esclavitud protegida contra cualquier intervención federal. Aquélla habría sido la XIII enmienda, pero, merced al esmero que le puso Lincoln, no fue ratificada por las tres cuartas partes de los estados.
A mediados de aquella guerra —al mediodía del 1° de enero de 1863—, el presidente Lincoln promulgó lo que históricamente se denomina «La Proclamación de Emancipación»:
Yo, Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, notifico públicamente, en virtud del poder que como jefe supremo del Ejército y la Marina de Estados Unidos se me ha conferido durante la presente rebelión armada contra la autoridad del gobierno de Estados Unidos, y como necesaria medida de guerra para sofocar dicha rebelión, que hoy, primero de enero de 1863, designo como estados y partes de estados en rebelión los siguientes:
[Sigue la lista.]
Que todas las personas tenidas como esclavas en los citados estados o partes de estados son libres y lo serán en adelante, y que el gobierno ejecutivo de Estados Unidos, incluidas las autoridades militares y navales, reconocerán y mantendrán la libertad de dichas personas;
Las personas aquí declaradas libres deberán abstenerse de toda violencia, como no sea en defensa obligada, y se les recomienda que trabajen, en todos los casos posibles, fielmente y por un salario razonable;
Declaro además, y hago público, que aquellos que sean de conducta irreprochable serán admitidos en el servicio militar de Estados Unidos para guarnición de fuertes, posiciones y estaciones y otros lugares, y en los navíos de la Armada, para toda clase de servicios;
Y para esta ley, sinceramente considerada como un acto de justicia y garantizada por la Constitución como necesidad militar, invoco el recto juicio de la Humanidad y la gracia de Dios Todopoderoso;
Para promulgar la cual pongo al pie mi firma y el sello de Estados Unidos.
Dada en la ciudad de Washington, el 1° de enero del año de gracia de 1863, y a los 87 años de la independencia de los Estados Unidos de América.
Es evidente que el documento no declara abolida la esclavitud. Y no declara abolida la esclavitud, porque habría sido letra muerta en aquel momento. Porque la Abolición no será real mientras las armas no las deponga el Sur; ya porque lo decida así —lo cual no se ve viable en medio de aquella encarnizada guerra—, o bien porque el Norte lo fuerce a la rendición.
Pues a pesar del idealismo que se le imputa, Lincoln no espera que los esclavos del Sur obtengan la libertad de sus propietarios, los cuales luchan contra el Norte precisamente para que se preserve la esclavitud. Pero sí espera que haya esclavos que, al enterarse de la Proclama, se arriesguen a huir y refugiarse en el Norte, con la certeza de que allí serán automáticamente libres.
Pero la Proclama sí constituye una suprema orden para que, en la medida en que el ejército del Norte vaya ocupando territorio del Sur, los esclavos de esos lugares sean liberados y para que las autoridades ejecutivas, «navales y militares» velen por la libertad de aquéllos.
También es evidente que la Proclama no incita a la rebelión a los esclavos de los estados confederados. Ello es claro cuando los llama a abstenerse de toda violencia, como no sea en defensa obligada, y les recomienda trabajar, en todos los casos posibles, fielmente y por un salario razonable.
Veinticinco meses de guerra después, el 31 de enero de 1865, el congreso de la Unión —de dos tercios de la nación— aprueba la XIII enmienda aboliendo la esclavitud. Dos meses y medio después, cuando la enmienda está siendo ratificada, la guerra civil concluye con la rendición del Sur, el cual a la Unión queda reincorporado. Ocho meses después, el 6 de diciembre de 1865, la XIII enmienda queda debidamente ratificada, con lo cual queda constitucionalmente abolida la esclavitud.
[En Colombia, la abolición de la esclavitud la sancionó el presidente José Hilario López el 21 de mayo de 1851.]
LA 14ª ENMIENDA
Contiene los derechos civiles de los ciudadanos de los Estados Unidos. Fue propuesta el 13 de junio de 1866 y ratificada el 9 de julio de 1868, y consta de 5 secciones.
La sección 1, en primer lugar, dispone que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que residen. Y en segundo lugar, prohíbe al gobierno de los estados adoptar leyes que menoscaben las prerrogativas o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; privar a una persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso judicial —como al gobierno federal se lo prohíbe la V enmienda—; y negarle a una persona que se encuentre dentro de su jurisdicción la protección igual de las leyes.
El principal propósito de la primera parte de esta sección fue el de convertir a los ex esclavos en ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que vivían, pues se tiene como premisa que todos los nacidos en los Estados Unidos son ciudadanos de los Estados Unidos, independiente de la nacionalidad de sus padres; excepto que hayan nacido cuando sus padres eran, o representantes diplomáticos de otro país, o enemigos durante una ocupación en tiempo de guerra. No obstante, la enmienda no concede la ciudadanía a los indios que viven en reservaciones, pero el congreso aprobó una ley para concedérsela.
La corte suprema ha interpretado que la segunda parte de esta sección obliga a los estados a proteger la mayoría de los derechos amparados por la Declaración de Derechos. Además, la corte suprema ha proscrito la segregación en las escuelas públicas, y los jueces han declarado que la protección igual de las leyes implica que cada estado debe asegurarse de que todos los niños, cualquiera que sea su raza, tengan las mismas oportunidades en materia de educación.
La sección 2 prescribe un castigo para el estado que le niegue el derecho al voto a los ciudadanos varones mayores de 21 años, consistente en reducirle el número de curules en la cámara de representantes, en la misma proporción que el numero de ciudadanos afectados guarde con respecto al número total de ciudadanos varones mayores de 21 años en dicho estado.
[Luego votaban los hombres mayores de 21 años, y sólo en 1920 la XIX enmienda le conferiría a la mujer el derecho al voto. En 1971 la XXVI enmienda establecería el derecho al voto a partir de los 18 años.]
La sección 3 actualmente tiene un simple interés histórico, pues su propósito principal era el de prohibirle desempeñar cargos estatales o federales a los funcionarios estatales o federales que se unieron a la Confederación durante la Guerra de Secesión, a menos que el congreso los exonerara de tal incapacidad con el voto de las dos terceras partes de cada cámara.
La sección 4 también es de simple interés histórico, pues garantiza el pago de las deudas contraídas por la Unión durante la Guerra de Secesión, pero desconoce las contraídas por la Confederación durante la misma, y prohíbe pagarle a los ex propietarios de esclavos por la liberación de éstos.
Y la sección 5 faculta al congreso para hacer cumplir esta enmienda mediante la legislación apropiada.
Propuesta el 26 de febrero de 1869 y ratificada el 3 de febrero de 1870, consta de dos secciones.
La sección 1 dispone que el derecho al voto de los ciudadanos de los Estados Unidos no puede ser negado o constreñido por motivos de raza, color o antecedentes de servidumbre [por haber sido esclavo].
Y la sección 2 faculta al congreso para hacer cumplir esta enmienda mediante la legislación apropiada.
Sin embargo, pese a que la XIV enmienda convirtió en ciudadanos a los negros que habían sido esclavos, y a que la XV enmienda prohibió negarle a un ciudadano el derecho al voto por consideraciones de raza o por haber sido esclavo, algunos estados, aprovechando la facultad constitucional que tienen para regular dentro de su jurisdicción el ejercicio del derecho al voto y la circunstancia de que por la condición de ex esclavo el negro era demasiado pobre, trataron de coartarle indirectamente al negro —y de paso, al pobre— el derecho al voto, condicionando su ejercicio a la capacidad de pagar impuestos. Tales prácticas fueron eliminadas por decisiones de la suprema corte; después lo fueron por leyes estatales y federales; hasta que finalmente fueron proscritas con rango constitucional por la XXIV enmienda, ratificada en 1964.
Propuesta el 12 de julio de 1909 y ratificada el 3 de febrero de 1913, faculta al congreso para crear y recaudar impuestos sobre ingresos, cualquiera que sea la fuente de éstos, sin prorratearlos entre los distintos estados y sin consideración alguna a censos o enumeraciones.
Pues ocurrió que la cuarta cláusula de la sección 9 del artículo I de la constitución prohibió al congreso aplicar impuesto de capitación [tributo «por cabeza» o por persona] u otro de carácter directo, a menos que lo prorratee [o lo divida] entre los estados en función de sus poblaciones. Así que en 1894, cuando el congreso aprobó una ley de impuesto sobre el ingreso según la cuantía de éste y no según las poblaciones de los estados, la corte suprema la declaró «anticonstitucional» por considerar que aquella cláusula le prohibía al congreso el cobro de un impuesto en esa forma.
Luego esta enmienda se adoptó para autorizarle al congreso el cobro de impuestos según la cuantía del ingreso del ciudadano, y no en función de la población del estado en que resida.
Propuesta el 13 de mayo de 1912 y ratificada el 8 de abril de 1913, dispone que los votantes de cada estado elijan directamente a los dos senadores de dicho estado.
[Con ello modificó en su parte pertinente a la primera cláusula de la sección 3 del artículo I de la constitución, que había delegado tal elección a la legislatura de cada estado.]
Además dispone que cuando se produzcan vacantes en la representación de cualquier estado ante el senado, el gobernador deberá convocar a una elección especial para suplir las vacantes por el tiempo que hiciere falta. Pero también dispone que la legislatura del respectivo estado puede facultar al gobernador para nombrar reemplazos temporales hasta que el pueblo llene las vacantes en una elección normal.
Conocida como la enmienda de la Prohibición o «ley seca», fue propuesta el 18 de diciembre de 1917 y ratificada el 16 de enero de 1919.
Consta de tres secciones.
La sección 1 establece que, un año después de que esta enmienda sea ratificada, queda prohibida la fabricación, venta y transporte de licores intoxicantes en forma de bebidas, dentro de los Estados Unidos y en cualquier territorio sometido a la jurisdicción de ellos, así como su importación y su exportación.
(Cabe preguntar: ¿cómo lo exportarían, si prohibían su fabricación?)
La sección 2 faculta en forma concurrente al congreso y a las legislaturas de los estados para hacer cumplir esta enmienda mediante la legislación apropiada.
Y la sección 3 le da a las legislaturas de los estados un plazo de siete años para ratificar la enmienda.
[Esta es la primera enmienda que establece un plazo para ser rechazada o ratificada.]
Ahora bien: la enmienda no prohibió expresamente el consumo de alcohol; pero, si prohibió fabricarlo, transportarlo, venderlo, importarlo y exportarlo, ¿a qué «tendero» honrado se lo compraría el interesado? Y si aquéllo incluyó al vino, ¿cómo hicieron los sacerdotes católicos, durante los 14 años que duró la prohibición, para beber la sangre de Cristo en cada misa?
[¡Vainas del puritanismo anglosajón!, que llevó a algunos «supramoralista» a echarle la culpa de todos los males —¿incluiría huracanes?— al alcohol. Pero el remedio que esperaron al imponer la Prohibición resultó peor que la enfermedad, porque la delincuencia, que se «ejercía» como «profesión independiente», con la prohibición adquirió «status» de crimen organizado, que se constituyó en imperio. Como el de los «gángsteres» de los años 20, con Al Capone como el «papaúpa» de aquellas bandas.]
Propuesta el 4 de junio de 1919 y ratificada el 18 de agosto de 1920, consta de dos secciones.
La sección 1 confiere a las mujeres el derecho al voto, y la sección 2 faculta al congreso para hacer cumplir la enmienda mediante la legislación apropiada.
[Desde luego ello no fue gratuito, porque durante años las mujeres habían luchado por tal derecho.]
Propuesta el 2 de marzo de 1932 y ratificada el 23 de enero de 1933, consta de 6 secciones.
La sección 1 dispone que las funciones de los representantes y senadores terminarán al mediodía del 3 de enero, y las del presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos al mediodía del 20 de enero del año en el cual sus respectivos períodos habrían concluido si esta enmienda no hubiese sido ratificada, y que en ese momento comenzarán los períodos de sus sucesores.
La sección 2 ordena que el congreso se reúna por lo menos una vez al año y que dicha asamblea comience al mediodía del 3 de enero, a menos que el congreso establezca otra fecha por medio de una ley.
La sección 3 establece que si para la fecha en que deba posesionarse el presidente electo éste ha fallecido, el vicepresidente electo ocupará aquel cargo. Que si el presidente no ha sido escogido [por la cámara de representantes, cuando a ella le corresponda seleccionarlo] antes de la fecha [20 de enero] fijada para el inicio de su período, o si aquél no ha podido llenar todos los requisitos correspondientes, el vicepresidente electo desempeñará las funciones de presidente hasta que un presidente logre satisfacer todos los requisitos. Que además, con apego a la ley, el congreso tomará las providencias necesarias en el caso de que ni el presidente ni el vicepresidente electos logren llenar los requisitos para tales cargos, declarando quién deberá actuar como presidente o la forma en que deberá seleccionarse a la persona que tendrá que hacerse cargo de sus funciones, y que esta última se desempeñará del modo conducente hasta que un presidente y un vicepresidente cumplan con todos los requisitos.
La sección 4 establece que, con apego a la ley, el congreso tomará las providencias necesarias en caso de muerte de cualquiera de las personas entre las cuales la cámara de representantes deba escoger al presidente, y en caso de muerte de cualquiera de las personas entre las cuales el senado deba escoger al vicepresidente.
[Véanse, en la XII enmienda, los casos en que el senado debe escoger al vicepresidente y la cámara al presidente.]
La sección 5 dispone que las secciones 1 y 2 de esta enmienda entrarán en vigor el decimoquinto día de octubre siguiente a la ratificación de ella. [O sea que entraron en vigor el 15 de octubre de 1933.]
Y la sección 6 establece un plazo de 7 años para que a esta enmienda la ratifiquen las legislaturas de los estados.
Esta enmienda, llamada enmienda del funcionario no reelecto, precisa la fecha y hora en que los «inquilinos» de la Casa Blanca y los «inquilinos» del Capitolio no reelectos deben entregar la butaca a sus sucesores. Se adoptó porque el congresista no reelecto solía entregar, «porque sí», la curul 4 meses después de la fecha en que se suponía debía hacerlo, por lo cual recibía el mote de pato cojo.
Propuesta el 20 de febrero de 1933 y ratificada el 5 de diciembre del mismo año, consta de 3 secciones.
La sección 1 deroga la XVIII enmienda; la que impuso la «ley seca» o Prohibición en todos los Estados Unidos.
La sección 2 dispone que cualquier estado puede declarar su propia «ley seca» o prohibición, y contar con ayuda federal —si fuere el caso— para el cumplimiento de dicha prohibición.
Y la sección 3 establece un plazo de 7 años para que a esta enmienda la ratifiquen las convenciones celebradas en los estados.
[Es la única de las 27 enmiendas que ha sido ratificada por convenciones estatales, y no por las legislaturas de los estados.]
Propuesta el 24 de marzo de 1947 y ratificada el 27 de febrero de 1951, consta de 2 secciones.
La sección 1 dispone que ninguna persona podrá ser elegida más de dos veces para el cargo de presidente de los Estados Unidos; y que la persona que lo haya desempeñado durante más de dos años del período para el cual fue elegida otra, no podrá ser elegida más de una vez para dicho cargo. Pero que lo dispuesto en esta enmienda no se le aplicará a quien esté desempeñando el cargo de presidente en la fecha en que la enmienda sea aprobada por el congreso, ni impedirá que quien lo desempeñe en la fecha en que sea ratificada continúe desempeñando sus funciones hasta el final de su período.
Y la sección 2 establece un plazo de 7 años para que a esta enmienda la ratifiquen las legislaturas de los estados.
Coincidencialmente la misma persona, Harry Truman, desempeñaba el cargo de presidente en las fechas en que la enmienda fue aprobada por el congreso y ratificada por las legislaturas de los estados. Pues el 24 de marzo de 1947, cuando la enmienda fue aprobada por el congreso, el vicepresidente electo, Harry Truman, desempeñaba las funciones de presidente. Lo hacía desde el 12 de abril de 1945, día en que falleció el presidente Franklin Delano Roosevelt a los 82 días de haber asumido el cargo por cuarta vez. Luego Truman desempeñó el cargo de presidente durante casi los cuatro años del período [1945-1949] para el cual había sido elegido otro. Y el 27 de febrero de 1951, cuando la enmienda entró en vigor, Harry Truman desempeñaba en propiedad el cargo de presidente correspondiente al período 1949-1953. Luego podía, con base en la «inmunidad» conferida por esta enmienda, ser reelegido para el período 1953-1957, pero no postuló su nombre. [En últimas, para este período fue elegido el general Dwight Eisenhower.]
Ahora bien: con la única excepción de Franklin Delano Roosevelt, quien como candidato del partido demócrata triunfó en cuatro elecciones consecutivas, en los Estados Unidos ningún presidente le ha apostado a una segunda reelección. Luego la enmienda parece innecesaria, y sugiere pataleta extemporánea del partido republicano.
Propuesta el 16 de junio de 1960 y ratificada el 29 de marzo de 1961, consta de dos secciones.
La sección 1 le confiere a los ciudadanos del Distrito de Columbia —sede del gobierno de los Estados Unidos— el derecho a votar para escoger electores presidenciales, en un número igual a la suma de representantes y senadores que el Distrito tendría derecho a enviar al congreso si fuera estado, pero no mayor que el número de electores del estado con menor número de electores presidenciales.
Y la sección 2 faculta al congreso para hacer cumplir esta enmienda mediante la legislación apropiada.
[El Distrito de Columbia tiene por capital a Washington —a su vez, capital federal de los Estados Unidos—, y es un territorio federal localizado entre los estados de Maryland y Virginia. Por ser un territorio federal está bajo administración del congreso de los Estados Unidos, y, por no ser estado, sus habitantes no votaban para escoger electores presidenciales.]
Propuesta el 27 de agosto de 1962 y ratificada el 23 de enero de 1964, consta de dos secciones.
La sección 1 establece que el derecho al voto no será negado o restringido ni por los Estados Unidos ni por alguno de los estados, por la incapacidad de pagar impuestos de capitación o tributaciones de cualquier otra índole.
Y la sección 2 faculta al congreso para hacer cumplir esta enmienda mediante la legislación apropiada.
El «impuesto de capitación», que en rigor semántico es «impuesto por cabeza» [por persona, se sobreentiende], es una tributación que se cobra por igual a todas las personas [se sobreentiende, también: con capacidad de pago]. Como se comentó en el presente escrito al final de la XV enmienda, en una época algunos estados condicionaron la participación electoral al pago de un impuesto de capitación, para impedir que los pobres y los negros ejercieran el derecho al voto. Luego esta enmienda acoge lo que interpretó la corte suprema sobre lo dispuesto en la primera sección de la XIV enmienda: que la protección igual de las leyes proscribe la aplicación de un impuesto de capitación en las elecciones estatales.
Propuesta el 6 de julio de 1965 y ratificada el 10 de febrero de 1967, en 4 secciones prescribe el procedimiento de sucesión presidencial por vacancia en la presidencia o por incapacidad de su titular.
La sección 1 dispone que cuando el presidente de los Estados Unidos sea removido, o cuando se produzca su fallecimiento o dimisión, el vicepresidente se convierte en presidente.
La sección 2 dispone que cuando quede vacante la vicepresidencia, el presidente nombrará a un vicepresidente, el cual asumirá el cargo cuando sea confirmado por el voto mayoritario de ambas cámaras del congreso. (Remember: los casos de Gerald Ford y Nelson Rockefeller, comentados en la segunda parte de este escrito.)
La sección 3 dispone que cuando el presidente de los Estados Unidos les transmita al presidente pro tempore del senado y al presidente de la cámara de representantes su declaración escrita de que está incapacitado para ejercer las funciones y facultades de su cargo, y mientras no les remita una declaración escrita en contrario, dichas funciones y facultades serán confiadas al vicepresidente como presidente interino.
[Como se expuso en la segunda parte de este escrito, el «presidente pro tempore» es el senador elegido por el senado para que lo presida en ausencia de su presidente titular, que es el vicepresidente de los Estados Unidos.]
Y la sección 4 dispone que cuando el vicepresidente de los Estados Unidos y una mayoría de los funcionarios principales de las secretarías del ejecutivo [una mayoría del gabinete], o bien de cualquier otro organismo que el congreso designe mediante ley, les transmitan al presidente pro tempore del senado y al presidente de la cámara de representantes su declaración escrita de que el presidente está incapacitado para desempeñar las funciones y facultades de su cargo, el vicepresidente asumirá de inmediato las funciones y facultades de dicho cargo como presidente interino.
(Remember: el conato de «vacío de poder» en la película Air Force One, protagonizada por Harrison Ford como el presidente de los Estados Unidos retenido por terroristas a bordo del avión presidencial «Fuerza Aérea Uno».)
Que posteriormente, cuando el presidente de los Estados Unidos les transmita al presidente pro tempore del senado y al presidente de la cámara de representantes su declaración escrita de que ya no existe incapacidad alguna, él [el presidente de los Estados Unidos] reasumirá las funciones y facultades de su cargo. A menos que el vicepresidente de los Estados Unidos y una mayoría de los funcionarios principales de las secretarías del ejecutivo o de cualquier otro organismo que el congreso designe mediante ley, les remitan al presidente pro tempore del senado y al presidente de la cámara de representantes, en un plazo de cuatro días, su declaración escrita de que el presidente de los Estados Unidos está [continúa] incapacitado para ejercer las funciones y facultades de su cargo.
Porque en tal caso el congreso, inmediatamente si está en sesiones, o en el término de 48 horas si no lo está, procederá a decidir la situación. De modo que si el congreso, en el término de 21 días a partir de la fecha en que recibió la última declaración escrita, si está en sesiones, o al término de 21 días a partir de la fecha en que haya sido llamado a asamblea porque no lo estaba, determina por voto de las dos terceras partes de cada cámara que el presidente de los Estados Unidos está incapacitado para ejercer las funciones y facultades de su cargo, entonces el vicepresidente continuará desempeñándolas como presidente interino; en caso contrario, el presidente reasumirá las funciones y facultades de su cargo.
(Cabe preguntar: si el texto de la sección 4 de esta enmienda estuviera en la constitución de un país latinoamericano, ¿el vicepresidente resistiría urdir, con el gabinete, un golpe de Estado contra el presidente?)
Propuesta el 23 de marzo de 1971 y ratificada el 1° de julio del mismo año, consta de 2 secciones.
La sección 1 dispone que el derecho al voto se adquiere a los 18 años, y la sección 2 faculta al congreso para hacer cumplir esta enmienda mediante la legislación apropiada.
Establece que toda ley que varíe el sueldo de los representantes y senadores tendrá efectos después de que se haya realizado una elección de representantes.
Pues bien: lo dispuesto en esta enmienda complementa a lo dispuesto en la segunda cláusula de la sección 6 del artículo I de la constitución, la cual ordena que ningún congresista podrá ser nombrado para un cargo oficial creado durante el período para el cual fue elegido, o cuya remuneración haya sido aumentada durante tal período. Pero al cargo de congresista se accede por elección.
[Por nombramiento sólo si el gobernador, para suplir hasta la próxima elección normal una vacancia en la representación de su estado ante el congreso, la suple por nombramiento, en lugar de convocar a una elección especial para tal efecto.]
Como de dos años es el período del representante y de seis el del senador, pero cada dos años se elige la tercera parte del total de los senadores, por esta enmienda los representantes y una tercera parte de los senadores no pueden usufructuar o padecer la variación de sueldo aprobada durante el período para el cual fueron elegidos. Pero no impide que, en el mismo período para el cual fueron elegidos y durante el cual se varió el sueldo, la variación la disfruten o la padezcan por dos años una tercera parte de los senadores y por cuatro años la otra tercera parte.
Pero esta XXVII enmienda tiene su petite histoire, porque fue ratificada el 7 de mayo de 1992, pero el congreso la había propuesto [aprobado] más de dos siglos antes: el 25 de septiembre de 1789.
Como se expuso en la tercera parte de este escrito, el 8 de junio de 1789 James Madison propuso, como Declaración de Derechos, quince artículos de enmienda en la cámara de representantes y 109 días después, el 25 de septiembre de 1789, el congreso aprobó doce de esas quince.
El 15 de diciembre de 1791 tres cuartas partes de los estados habían ratificado sólo diez de las doce enmiendas propuestas por el congreso, quizá porque, en rigor, las otras dos enmiendas no eran tipificables como derechos fundamentales. Luego ese día, 15 de diciembre de 1791, entró en vigor la Declaración de Derechos, que es como se les conocen a estos diez primeros artículos de enmienda a la constitución de los Estados Unidos.
Una de las dos enmiendas que el 25 de septiembre de 1789 aprobó el congreso, pero no ratificaron las tres cuartas partes de los estados, disponía que en la cámara de representantes cada estado tendría derecho a no más de un representante por cada 50.000 de sus habitantes, con lo cual se quiso modificar el «cuociente» de 30.000 que estableció la sección 2 del artículo I de la constitución. La otra fue la que 202 —casi 203— años después sería ratificada como XXVII enmienda.
Aquel año de 1791 Vermont se incorporó a la Unión como 14° estado, y a 15 de diciembre de ese año sólo seis estados —entre ellos, Vermont— habían ratificado aquella enmienda. Sólo que la incorporación de Vermont había elevado a once el número de estados —a las tres cuartas partes de los estados— que debían ratificarla para que entrara en vigor aquélla.
Pero los estados que a partir de 1792 se fueron organizando, no se olvidaron de aquella enmienda: 81 —casi 82— años después, el 6 de mayo de 1873, Ohio se convirtió en el 7° estado en ratificarla. Ciento diecinueve años y un día después de Ohio, el 7 de mayo de 1992, Michigan y New Jersey en el mismo día se convirtieron indistintamente en los 38° y 39° estados en ratificarla. Con la Unión actual de 50 estados, cualquiera de aquellos dos completaba el «quórum» constitucional de tres cuartas partes de los estados para que entrara en vigor la enmienda.
Pues sea reiterar que, de acuerdo con el artículo V de la constitución, una enmienda entra en vigor el día del mes y año en que la ratifica el estado que completa el «quórum» de las tres cuartas partes de los estados.
Y sea acotar que cuando una enmienda es aprobada por el congreso, o por una convención convocada por el congreso a solicitud de las legislaturas de dos tercios de los estados, se dice que la enmienda es propuesta (y no: «aprobada»), por cuanto, una vez la aprueba el congreso o la convención, va a (o se propone para) ratificación (o rechazo) de las legislaturas de los estados o de las convenciones estatales que se convoquen para ese fin.
FIN. (¡Al fin!)
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Este artículo lo entregó el autor, en mayo del 2001, al director de la revista Huella Humanista para su publicación en su edición N° 7, prevista para junio del 2001.
Pero bien advierte un dicho que: Es mejor malo conocido, que bueno por conocer.
Porque había ocurrido que una dama, de nombre Omaira Delgado, cuya empresa (Multiproyectos) está en la esquina suroccidental del cruce de la calle 1ª con avenida Guaimaral (avenida 11E), de cada edición le producía a Ricardo Castillo (el director) un tiraje de 300 ejemplares por $850.000.
Pero ocurrió que un tipo de nombre Manuel Sandoval, cuya empresa (Manuel.com) está en el N° 11E-65 de la calle 2ª, le ofreció a Ricardo Castillo producirle por $550.000 los 300 ejemplares, y que, para empezar, el tiraje de la 7ª edición se lo entregaría a más tardar el viernes 22 de junio del 2001.
Ante la «ganga», Ricardo le entregó el material literario de la 7ª edición, y le dio como anticipo un cheque por $300.000 que giró la Asociación de Profesores de la UFPS con el fin de colaborar en la financiación de la edición.
A la fecha de redactar esta «nota de pie de página» (miércoles 12 de diciembre del 2001), el señor Sandoval no le ha entregado a Ricardo un solo ejemplar de la 7ª edición (ni siquiera las «pruebas de imprenta» o «galeradas»), ni le ha devuelto el material, ni le ha reembolsado el anticipo... pese a lo cual, Ricardo todavía no lo ha demandado por robo pecuniario y de «propiedad intelectual».
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El Discurso de Gettysburg
Gettysburg es un lugar del estado de Pennsylvania en el cual se libró, entre el 1° y el 3 de julio de 1863, la más cruenta batalla de la guerra civil o guerra de Secesión (1861-1865) de los Estados Unidos. Entre muertos y heridos cayeron 23.000 de los 93 mil soldados del Norte, y 30.000 de los 70.000 soldados del Sur.
Los gobernadores de 18 estados del Norte acordaron construir un cementerio para las víctimas de aquella batalla, independiente de si eran confederadas (del Sur) o unionistas (del Norte), y para inaugurar aquel camposanto le pidieron a un famoso orador, Edward Everet, que pronunciara la oración fúnebre.
El presidente Abraham Lincoln y sus secretarios fueron invitados al acto, lo cual suponía que el Presidente no sería orador. No obstante, a última hora Lincoln decidió que aprovecharía la ocasión para decir algunas palabras. Principalmente para satisfacer de algún modo a algunas personalidades del Norte que le habían demandado declarar que la guerra no era entre el Norte y el Sur, sino entre el pueblo y los aristócratas.
Así que, ad portas de viajar hacia Gettysburg, Lincoln garra pateó un «discursito». Así lo llamó y tal borrador fue el que leyó, pues no tuvo tiempo de hacerle un retoque en razón de que su hijo Ted enfermó. Es más: ante la duda de si la familia no debería ser más importante que los asuntos de Estado, por un momento consideró no asistir.
Al final de la tarde del día anterior llegó con su comitiva a Gettysburg en un tren especial, y se alojó en la casa de un republicano del lugar, que ya estaba lleno de millares de entusiastas norteños. Al día siguiente llegó al cementerio en un caballo que parecía pequeño, comparado con su alta estatura.
Everet habló casi dos horas. Al concluir, el maestro de ceremonias les anunció a los ya fatigados y temblorosos —por el frío otoñal— 15.000 asistentes que el Presidente diría algunas palabras. Era el 19 de noviembre de 1863, cuando el presidente Abraham Lincoln dijo en ese lugar:
Hace 87 años nuestros padres fundaron en este continente una nueva nación, concebida en la libertad y con-sagrada a la convicción de que todos los seres humanos somos creados iguales. Estamos ahora empeñados en una gran guerra civil que pondrá a prueba si esta nación, o cualquier otra nación así concebida y así consagrada, puede perdurar. Estamos reunidos en un gran campo de batalla de esa guerra. Hemos venido a consagrar parte de él como lugar de reposo eterno de quienes entregaron sus vidas para que esta nación pueda vivir. Y es digno y apropiado que lo hagamos así.
Pero, en un sentido más amplio, nosotros no podemos consagrar, nosotros no podemos ungir, nosotros no podemos santificar esta tierra. Los valientes, vivos y muertos, que lucharon aquí, la ungieron muy por encima de nuestro débil poder de aumentar o disminuir su mérito. El mundo tal vez prestará escasa atención y no recordará lo que digamos aquí, pero jamás podrá olvidar lo que ellos hicieron en este lugar. Nos corresponde a nosotros, los que vivimos, el dedicarnos a coronar la obra comenzada tan notablemente por los que aquí combatieron.
Nos corresponde a nosotros dedicarnos a la gran obra que tenemos por delante y, pensando en estos muertos que hoy honramos, aportar una mayor devoción a la causa a la cual ellos entregaron toda su devoción. Nos corresponde a nosotros afirmar aquí que estos muertos no murieron en vano; que esta nación, con ayuda de Dios, tendrá un nuevo nacimiento en la libertad, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la faz de la Tierra. n
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